España aguarda la sentencia del escándalo de corrupción protagonizado por socialistas
Veintiún ex dirigentes socialistas de Andalucía acusados de corrupción en este histórico feudo del PSOE aguardan el martes su sentencia, justo cuando el líder del socialismo español, Pedro Sánchez, negocia arduamente para ser investido presidente del gobierno.
Los veintiuno están citados a mediodía (11H00 GMT) en un tribunal de Sevilla para conocer su suerte, en uno de los mayores escándalos de corrupción de la España moderna: el presunto reparto opaco de cientos de millones de euros de dinero público, procedentes de un fondo de ayuda para desempleados.
Los hechos se prolongaron una década, en el que hasta recientemente, y durante 36 años, fue el feudo más importante del socialismo español. Tanto la derecha del Partido Popular como la izquierda radical de Podemos calificaron esto de táctica “clientelista” para mantener Andalucía bajo control socialista.
El juicio oral, iniciado en Sevilla en diciembre de 2017, duró un año entero, y en el banquillo de los acusados se sentaron Manuel Chaves, dirigente histórico socialista y presidente andaluz de 1990 a 2009, y su sucesor José Antonio Griñán (2009-2013).
La fiscalía anticorrupción pide contra el primero 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público, por prevaricación, y seis años de cárcel y 30 de inhabilitación contra Griñán por prevaricación y malversación de caudales.
El meollo está en el manejo de un fondo público dotado de 854 millones de euros entre 2000 y 2010, y destinado a financiar el coste de despidos colectivos de trabajadores por parte de empresas en dificultades, en los llamados Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).
La fiscalía cifra el presunto fraude en hasta 741 millones de euros, y según argumentó, las ayudas se concedieron sin la debida publicidad ni “el más mínimo mecanismo de comprobación” del perfil de los beneficiarios.
El resultado es que recibieron subvenciones públicas personas por completo ajenas a las empresas en quiebra, se efectuaron pagos sin “objeto concreto” -incluyendo comisiones irregulares a mediadores-, y se vieron lesionados los intereses de otros trabajadores afectados por la crisis, que quedaron así “privados de su derecho a acceder a estas ayudas”.
Durante el juicio oral, tanto Griñán – consejero de Hacienda del gobierno andaluz entre 2004 y 2009- como Chaves afirmaron que a ellos no les tocaba fiscalizar el gasto.
– Un caso añejo –
La sentencia llega en un momento delicado para Pedro Sánchez, y está por ver en qué medida le impacta.
El socialista ganó las legislativas españolas del 10 de noviembre, sin mayoría absoluta y con tres escaños menos que los obtenidos en los comicios de abril.
La semana pasada anunció una coalición de gobierno con la izquierda radical de Podemos, pero juntos no les llegan los escaños para una investidura, que espera sea en diciembre.
Por ello mantiene una laboriosa negociación con otras fuerzas, incluido el separatismo catalán, para aunar los apoyos parlamentarios indispensables.
Sánchez llegó precisamente al poder, en junio de 2018, con una moción de censura presentada después de que el PP, entonces en el gobierno con Mariano Rajoy, fuera condenado en otro ruidoso caso de corrupción.
En aquella trama, conocida como “la Gürtel”, el PP fue condenado como “partícipe a título lucrativo” de una trama corrupta consistente en que cargos ‘populares’ daban contratos públicos a “empresas amigas”.
Aquella sentencia dejó también acreditado que el PP tuvo una contabilidad paralela durante dos décadas.
– Consecuencias políticas –
El caso de los EREs, destapado en 2010, en plena crisis económica en España, obligó a Griñán a dimitir como presidente en 2013.
Las consecuencias fueron más allá, y en las elecciones regionales andaluzas de diciembre de 2018, la corrupción castigó duramente a un Partido Socialista que, pese a ganar, no pudo mantenerse en el poder.
De esta forma, el PSOE dejó paso a una alternancia de derechas, con la formación de un gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos, gracias al indispensable apoyo de un nuevo actor político: la extrema derecha de Vox, ahora tercera fuerza política en España.
