Entre llamadas a la desobediencia civil y voces a la calma, España aguarda inquieta a que el Tribunal Supremo decida la suerte de los doce dirigentes independentistas juzgados por su papel en el intento de secesión de Cataluña en 2017.

El gobierno desea que el veredicto, esperado la próxima semana, permita pasar página y reiniciar el diálogo político en esta región del noreste de España que el independentismo mantiene en ebullición desde hace casi diez años.

Los separatistas, sin embargo, cuentan con movilizar una vez más a sus militantes contra unas condenas que parecen inevitables.

En la misma noche del fallo, que podría producirse a partir del lunes, hay convocadas protestas por toda Cataluña, anunciaron la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, las dos asociaciones detrás de las masivas manifestaciones por la independencia de los últimos años.

Después están previstas unas marchas que saldrán de cinco ciudades de la región para unirse a Barcelona el viernes, en una jornada de huelga general. Además, los Comités de Defensa de la República, que destacan por sus contundentes protestas, anunciaron este viernes "acciones sorpresa".

Discretamente están llegando a la región refuerzos de unidades antidisturbios de la policía, aunque la cifra total no ha sido revelada por el ministerio del Interior.

La organización patronal catalana pidió el jueves en un comunicado que, aunque la sentencia tenga "una importante afectación emocional", la reacción evite "afectar el normal desarrollo de la actividad económica y la cohesión social".

En la mente de todos todavía está la exaltación que precedió el referéndum de autodeterminación ilegal del 1 de octubre de 2017, marcado por la violencia de los policías enviados a impedirlo, y la tensión social antes de la efímera declaración de independencia del 27 de octubre.

- ¿Rebelión o sedición? -

Los doce independentistas juzgados, nueve de ellos en prisión provisional en algunos casos desde hace casi dos años, se arriesgan a largas penas de cárcel por su implicación en una de las peores crisis del país desde el fin de la dictadura en 1975.

Entre ellos hay antiguos miembros del gobierno catalán, la expresidenta del Parlamento regional y los líderes de las asociaciones separatistas ANC y Omnium.

Tras cuatro meses de audiencias entre febrero y junio, los siete magistrados de la más alta instancia judicial española anunciarán su fallo por un comunicado.

Las dos principales imputaciones son rebelión y sedición, aunque hay otros delitos en la causa.

La rebelión supone el uso de la violencia, rechazada insistentemente por la defensa, para "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

La sedición, más leve, consiste en alzarse "pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales" la aplicación de leyes o la ejecución de decisiones administrativas o judiciales.

En ausencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica, su antiguo número dos Oriol Junqueras es el principal acusado y se arriesga a hasta 25 años de cárcel si es condenado por rebelión.

- En plena campaña electoral -

A menos de un mes para las próximas elecciones legislativas, la sentencia colocará Cataluña en el centro del debate político.

En un acto el miércoles en Barcelona, el jefe de gobierno socialista Pedro Sánchez llamó a "reconstruir la convivencia tan necesaria en Cataluña", partida en dos sobre la cuestión de la secesión.

Llegado al poder en junio de 2018 con apoyo de los separatistas catalanes, Sánchez inició con ellos un diálogo que se rompió en febrero cuando empezó el juicio.

Tras el fallo, el Gobierno espera que será "un gran momento" para "empezar a solucionar el conflicto políticamente", indicó Irene Lozano, secretaria de Estado encargada de defender la imagen de España.

El partido de Oriol Junqueras, ERC, propone "una ley de amnistía (...) para volver a la política". "No se puede hablar con presos políticos y exiliados", dijo Gabriel Rufián, su líder en el Congreso.

Pero bajo presión de la derecha, que le reclama más firmeza contra los separatistas, Sánchez también les advierte que no dudará en tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.

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