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El gobernador del estado de Florida, Rick Scott, asiste a la sesión conjunta del Presidente estadounidense Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos, el 28 de febrero de 2017, en la Cámara de Representantes, en el Capitolio de EEUU, en Washington, DC.

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Una fiscal de Florida desafió al gobernador por "socavar el sistema judicial" del estado y expertos judiciales lo acusan de actuar "estilo Trump", por emitir una orden ejecutiva en la que busca que la justicia pida la pena de muerte para un acusado.

La semana pasada, el gobernador Rick Scott retiró a la fiscal estatal Aramis Ayala del caso de un hombre que está acusado de matar a una teniente policial de la policía de Orlando, en el centro de Florida.

En su decisión, el republicano Scott explicó que Ayala "no luchará por la justicia" porque se niega a pedir la pena de muerte en ninguna circunstancia y designó en este caso a otro fiscal, que sí apoya vehementemente las ejecuciones.

Pero activistas de derechos humanos, expertos judiciales y la propia Ayala aseguran que esta orden ejecutiva es una bofetada al principio de separación de poderes.

Por esto Ayala, fiscal estatal de los condados de Osceola y Orange -donde está Orlando- introdujo el lunes una moción para que se suspenda el juicio hasta que ella pueda discutir el caso con Scott, según documentos judiciales publicados este martes.

"El gobernador no tiene autoridad para retirarme" del caso, escribió Ayala en la moción, advirtiendo que obedecer la orden de Scott "sería algo sin precedentes y podría socavar totalmente el sistema judicial de Florida".

Y, más allá de la discusión sobre la pena de muerte, este caso puede ser indicio de una atmósfera de permisividad que proviene de Washington.

Una ex fiscal que actualmente trabaja en el capítulo floridano de ACLU, la mayor organización de derechos humanos del país, dijo a la AFP que "definitivamente" esta es una actuación al "estilo Trump".

"Sí pienso que Scott se ha visto fortalecido por este gobierno, porque no verá ninguna consecuencia", dijo Melba Pearson. "Además tiene el apoyo de los sindicatos policiales, ¿de dónde van a venir las consecuencias?".

También metieron la cuchara más de 100 expertos legales de todo el país, entre abogados, profesores de leyes y exjueces. En una carta pública, advirtieron a Scott que la orden ejecutiva es una extralimitación de sus poderes como gobernador.

La decisión de Scott de sacar a una fiscal de un caso porque no pedirá la condena que él considera más apropiada "compromete la independencia judicial sobre la que se fundamenta todo el sistema de justicia", escribieron los expertos el lunes.

- Un gobernador asqueado -

Todo comenzó el jueves pasado, cuando Ayala dijo que no pedirá la pena de muerte para ningún acusado, mientras discutía el caso particular de Markeith Loyd, inculpado por matar a una teniente de la policía de Orlando y a la exnovia embarazada de él.

Ayala explicó que no hay ninguna evidencia que muestre que la pena de muerte sea positiva para las comunidades ni desaliente el crimen, además de que este tipo de juicios son largos y costosos.

Este comentario encolerizó a las autoridades conservadoras de un estado que defiende la pena capital y tiene 381 reos en el corredor de la muerte.

"Estoy indignado y asqueado", dijo entonces Rick Scott. La fiscal Ayala "dejó muy claro que no luchará por la justicia y por eso yo utilizo mi autoridad ejecutiva e inmediatamente reasigno el caso al fiscal estatal Brad King".

De inmediato, los grupos de derechos civiles se abocaron a defender a Ayala y atacar a Scott.

"El gobernador se infiltró inapropiadamente en el proceso de justicia criminal y decidió que sólo la muerte hace justicia", dijo a la AFP Chardo Richardson, presidente de la organización de derechos humanos ACLU para el centro de Florida.

Todo esto ocurre poco después de que Scott firmara, el lunes de la semana pasada, una ley que exige que un jurado pida unánimemente la pena de muerte para que ésta pueda ser impuesta.

Hasta entonces las penas de muerte estaban suspendidas, porque la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos había decidido en enero de 2016 que la manera como se aplicaban las sentencias capitales en Florida era inconstitucional.

AFP