La CIDH choca con la fiscalía de México por el peritaje del caso Ayotzinapa
La fiscalía de México reveló el viernes un nuevo peritaje sobre el controvertido caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (sur), pero los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que participaron en esa pesquisa denunciaron irregularidades y consideraron “roto” su acuerdo de trabajo.
Según la fiscalía, el nuevo peritaje arrojó “evidencia suficiente” para determinar que el 26 de septiembre de 2014, la noche en que desaparecieron los estudiantes de la ciudad de Iguala (Guerrero, sur), “al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados” en un basurero de la cercana localidad Cocula.
Estos resultados ratifican la versión inicial de la fiscalía, según la cual los jóvenes fueron atacados por unos policías corruptos de Iguala, quienes presuntamente los entregaron a unos integrantes del cártel Guerreros Unidos. Luego, los sicarios supuestamente los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, para luego tirar sus cenizas a un río aledaño.
Hasta ahora, sólo se ha podido corroborar la identidad de uno de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa mediante pruebas de ADN de restos óseos.
Esta versión oficial fue duramente criticada y desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), quienes llevan casi un año trabajando en el caso y consideran que no existe evidencia de que hubiera podido ocurrir un fuego de esa magnitud en el basurero.
Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja en el caso a petición de los padres de los 43 desaparecidos, también desmintió en febrero la versión oficial, al asegurar que “no es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes”.
Los fuertes cuestionamientos del GIEI y el EAAF despertaron la indignación en el país y fuertes críticas al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por parte de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Ante esto, la fiscalía general anunció en febrero que encargaría este nuevo peritaje, que sería elaborado en conjunto con el GIEI. Así, al nuevo grupo colegiado de expertos se integró José Torero, el perito peruano que en 2015 concluyó en el estudio del GIEI que no había existido un fuego de tal magnitud.
– Ruptura del acuerdo de trabajo –
El viernes, Ricardo Damián Torres, integrante del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego y que también participó del último peritaje, aseguró en una rueda de prensa en las instalaciones de la fiscalía que “existe evidencia suficiente e inclusive observable físicamente para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones”.
Torres matizó al decir que sólo “una prueba a gran escala” podrá confirmar si hubo condiciones para poder incinerar a los 43 estudiantes, por lo que su grupo realizará más pruebas en las próximas semanas para corroborarlo “científicamente”.
Pero el GIEI desconoció estos resultados al asegurar que la forma en que fueron presentados fue “una decisión unilateral” por parte de la fiscalía, por lo que “considera roto el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero”.
“Torres señaló al GIEI que en todo caso su mensaje era para decir que no se había podido determinar si el hecho habría ocurrido o no y que el equipo necesitaba nuevos estudios y pruebas experimentales para determinarlo. Sin embargo, su mensaje hizo alusión a partes del contenido de un informe provisional que ni siquiera han sido analizadas por el GIEI”, se lamentó el grupo de la CIDH en un comunicado. Según este grupo, las conclusiones expuestas en la fiscalía “no fueron las explicadas al GIEI (…) ni son de consenso de los expertos de fuego”.
El Gobierno de México otorgó un permiso al GIEI para trabajar en el caso, pero ese permiso expira en un mes y últimamente se ha hecho visible la discordia entre ambos.
El martes, la CIDH condenó lo que consideró una “campaña de desprestigio” en México contra su grupo de peritos independientes, argumentando una injusta averiguación contra Emilio Álvarez Icaza Longoria, uno de sus miembros, por un presunto delito de fraude.
