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Un cliente opera en un cajero de una sucursal del Banco Popular en Vilanova i la Geltrú, cerca de Barcelona, el 7 de junio de 2017

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Primer banco de la zona euro, el Santander sale aparentemente reforzado por la compra del Popular, que avanzaba hacia la quiebra, pero la operación hace temer despidos masivos y una posible avalancha de demandas de accionistas arruinados del Popular.

Con el pago de un euro simbólico por la adquisición del Popular, el Santander se convierte "en el banco líder en España", se felicitó el miércoles su presidenta, Ana Patricia Botín.

Hasta ahora, el Santander era el tercer banco en su país de origen, por detrás de CaixaBank y BBVA, pese a ser el de mayor capitalización bursátil de la eurozona.

La adquisición fue organizada en cuestión de horas por el Banco Central Europeo (BCE), empleando por primera vez un mecanismo de rescate de bancos sin dinero público.

Para explicar esta adquisición, Botín defendió la "complementariedad" de ambas entidades en términos geográficos y de actividad.

El Santander (6.204 millones de euros de beneficio en 2016) es un gigante muy internacionalizado, con una fuerte presencia en Brasil y el Reino Unido.

Ahora, con la absorción del Popular, la entidad resultante controlará un 25% de los créditos a pequeñas y medianas empresas. Un segmento muy jugoso en una España en plena recuperación, donde la economía creció un 3,2% en 2015 y 2016.

Igualmente, será el mayor banco privado de Portugal, donde el Popular estaba implantado.

Ana Patricia Botín ha prometido a sus accionistas un retorno sobre inversión del 13 al 14% a partir de 2020 y, por el momento, los inversores parecen reaccionar bien.

Este jueves, el Santander cerró en la Bolsa de Madrid con una fuerte subida del 5,24%, tras haber cedido el miércoles un moderado 0,88%.

Y eso a pesar de que la operación le obligará a una ampliación de capital de 7.000 millones de euros.

"Es una buena operación tanto desde el punto de vista financiero como desde el estratégico", comentaron los analistas de Link Securities, advirtiendo de que uno de los desafíos está en cómo hará el Santander para "mantener a los clientes" del Popular, cuya marca desaparecerá.

- Primeras denuncias -

Para cumplir con sus promesas a los accionistas, Santander confía en lograr economías de escala y en optimizar la red de sucursales.

Esto mismo, sin embargo, hace temer a los sindicatos un gran número de cierres de sucursales y una oleada de despidos, después de que en los últimos años se eliminaran 2.600 puestos en el Popular y 2.500 en el Santander, de acuerdo con el sindicato UGT.

La dirección del Santander ha prometido "la continuidad" del personal del Popular, sin más precisiones. El banco evalúa en 1.300 millones de euros el coste de la reestructuración.

Por otro lado, el Santander podría verse ante una oleada de denuncias de accionistas del Popular (en total son más de 300.000), que en virtud de la operación perdieron todo.

De momento, 385 accionistas presentaron este jueves una denuncia ante la fiscalía anticorrupción, para que se investiguen las condiciones del hundimiento del banco y se depuren eventuales responsabilidades por parte de exdirectivos y grandes accionistas.

"La inversión la hice con un criterio de continuidad, no para especular. Quería tener una participación" y ahora "lo he perdido ese dinero", dijo a AFP uno de esos afectados, el pensionista Ceferino López García, propietario de 6.500 acciones.

- El problema de los activos inmobiliarios -

Más allá del aspecto social, el Santander deberá saber gestionar los famosos activos tóxicos acumulados por el Popular desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria en España.

Para sanear el balance contable, el Santander tendrá que vender esos activos, presumiblemente a precios muy bajos.

Son tantos que el banco anunció para ello provisiones adicionales de 7.900 millones de euros, que serán financiadas en parte por la ampliación de capital.

Ana Patricia Botín cuenta para ello con la recuperación del sector y también con la experiencia de su banco en este mercado, donde en los últimos cinco años logró reducir su propia cartera de activos tóxicos en un 60%.

Aunque la reventa no será fácil para algunos de esos activos, que se encuentran en zonas menos atractivas del país, donde a diferencia de Madrid o la costa mediterránea no está habiendo una auténtica recuperación.

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