La justicia turca ordena la detención preventiva del filántropo Osman Kavala
La justicia ordenó la detención preventiva del empresario y filántropo turco Osman Kavala, arrestado hace dos semanas, a la espera de que sea juzgado por su supuesto vínculo con el fallido golpe de estado en Turquía de julio de 2016, indicó la agencia estatal Anadolu.
Osman Kavala está acusado de “tentativa de subvertir el orden constitucional” y “tentativa de derrocamiento del gobierno”, indicó la fuente.
Pero los cargos pueden cambiar en el acta final de acusación cuya redacción puede llevar meses antes de ser presentada.
La justicia desarrollaba dos investigaciones sobre Kavala, una relativa al fallido golpe de estado de 2016 y la otra a un escándalo de corrupción que estalló en diciembre de 2013, que implicaba a allegados al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y a algunos ministros.
Erdogan había calificado ese escándalo de complot fomentado por el predicador instalado en Estados Unidos Fethullah Gülen, acusado por el gobierno de ser el cerebro de la tentativa de golpe de estado.
La investigación sobre Kavala afecta también a Metin Topuz, un empleado del consulado estadounidense en Estambul, cuya detención a principios de octubre provocó una nueva crisis diplomática entre Turquía y Estados Unidos, indicaron los medios de prensa turcos.
Nacido en París, Osman Kavala es el cofundador de una de la editoriales más importante de Turquía, Iletisim Yayinlari, y presidente de la ONG Kültür Anadolu (Cultura Anatolia), que aspira a superar las diferencias en la sociedad turca a través de la cultura y el arte.
Esa ONG trabaja también con el objetivo de tender puentes entre Turquía y Armenia, que prácticamente no tienen relaciones debido al diferendo sobre el genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial.
Turquía rechaza el término de “genocidio” y sostiene que se trató de una guerra civil agravada por una hambruna, en la que murieron entre 300.000 y 500.000 armenios y la misma cantidad de turcos.
La detención de Kavala el 18 de octubre pasado en el aeropuerto de Estambul reforzó la inquietud sobre la degradación de los derechos humanos en Turquía, donde más de 50.000 personas fueron detenidas desde el fallido golpe de estado.
