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La colonia judía de Kiryat Arba, vista desde la localidad cisjordana de Hebrón el 7 de febrero de 2017

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La nueva ley israelí a favor de los colonos, denunciada como crimen de guerra por sus detractores, provoca indignación tanto entre los palestinos como entre los pacifistas, mientras la administración Trump todavía no se ha pronunciado sobre el conflicto.

Poco después de la adopción de la ley, en la madrugada de este martes, los palestinos pidieron de inmediato a la comunidad internacional que sancione a Israel. Los defensores de los derechos humanos y de la causa palestina han anunciado además que apelarán al Tribunal Supremo israelí para hacer anular el texto.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, dijo este martes desde París que esta ley es una "agresión contra nuestro pueblo". "Esta ley va en contra del derecho internacional", agregó.

"Espero que Israel y su gobierno reconsideren este texto y den marcha atrás", declaró a su vez el presidente de Francia, François Hollande, en una rueda de prensa conjunta.

Por su parte el líder laborista israelí Isaac Herzog advirtió que la ley podría llevar a algunos israelíes a ser inculpados por la Corte Penal Internacional (CPI).

La falta de reacción estadounidense contrasta con la ola de indignación pero también con las críticas a la colonización que había emitido la administración de Barack Obama.

La nueva administración Trump "necesita consultar a todas las partes sobre cómo avanzar", dijo un responsable del departamento de Estado, una posición que confirma la falta de posición hasta ahora del nuevo presidente.

"La administración Trump no comentará este ley antes de cualquier decisión de justicia", añadió el responsable, en previsión de los recursos contra el texto.

No obstante, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres "lamentó profundamente" su aprobación. "Esta ley es una contravención de la ley internacional y tendrá amplias consecuencias legales para Israel", expresó Guterres en un comunicado.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, "exhortó" a Israel a suspender su aplicación.

Adoptada por 60 votos a favor y 52 en contra, la ley autoriza al Estado a declarar como tierras israelíes terrenos privados palestinos en Cisjordania ocupada donde los israelíes construyeron sin autorización.

Los propietarios palestinos serán compensados económicamente o bien con otros terrenos.

Según sus promotores, esta ley protegerá a los colonos de expulsiones como las de la semana pasada en la colonia "salvaje" de Amona.

La ley también podría legalizar 53 colonias consideradas hasta ahora como "salvajes" y expropiar un mínimo de 800 hectáreas de tierras palestinas, según la organización Paz Ahora.

"Con esta ley [el primer ministro Benjamin] Netanyahu convierte el robo en la política oficial de Israel y ensucia los libros de la ley israelí", y ello para "satisfacer a un pequeño grupo de colonos extremistas y asegurar su propia superviviencia política", denuncia la organización.

- Obstáculo para la paz -

Gran parte de la comunidad internacional considera las colonias como un obstáculo para alcanzar la paz en el conflicto israelopalestino.

Pero muchos defensores de los colonos creen que estas tierras pertenecen a Israel desde tiempos bíblicos, digan lo que digan los jueces israelíes, los palestinos o la comunidad internacional.

"Toda la tierra de Israel pertenece al pueblo judío", dijo antes del voto de la ley el ministro de Ciencias, Ofir Akunis, hablando en su acepción bíblica, es decir incluyendo también a Cisjordania. "Este derecho es eterno e incontestable", afirmó.

Los detractores del texto temen que sea un paso más hacia la anexión de Cisjordania, que ya reclaman algunos ministros.

Se trata de la primera vez que Israel aplica su ley civil en Cisjordania, no sólo a individuos sino también a tierras reconocidas como palestinas, explica el profesor de derecho Amichai Cohen.

El fiscal general israelí Avichai Mandelblit advirtió al gobierno que el texto probablemente será rechazado por el Tribunal supremo y podría ser perseguido por la Corte Penal Internacional (CPI).

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AFP