La sed de venganza un año después del atentado en una escuela de Pakistán
Un año después del atentado contra una escuela de Pakistán, los padres siguen exigiendo un castigo, tanto contra los talibanes que mataron a sangre fría a 134 niños como contra las autoridades que no supieron protegerlos.
Las operaciones militares e incluso los ahorcamientos que siguieron a la masacre apenas consuelan a las familias en duelo, muchas de ellas pastún.
La mayoría denuncia el silencio de las autoridades, que todavía no han explicado por qué el aparato de seguridad no pudo evitar la matanza de 151 personas en una escuela gestionada por el ejército en Peshawar, la gran ciudad del noroeste paquistaní.
El atentado, el más sangriento de la historia moderna de Pakistán, tuvo lugar el 16 de diciembre de 2014, cuando nueve extremistas en uniforme paramilitar escalaron el recinto de la escuela y mataron uno a uno a alumnos y docentes aterrorizados, antes de ser abatidos por las fuerzas de seguridad.
“Hay al menos un determinado número de personas a un cierto nivel que tuvieron parte de responsabilidad. ¿Por qué no se habla de ello?”, se interroga Abid Raza Bangash, que perdió a su hijo de 15 años.
El atentado conmocionó tanto como escandalizó al país. En respuesta, las autoridades lanzaron una campaña de lucha contra el extremismo entre la sociedad civil e intensificaron su ofensiva militar contra los grupos armados que antes operaban con total impunidad en las zonas tribales del noroeste de Pakistán.
Pero ningún responsable del ejército, del gobierno o de los servicios de seguridad tuvo que rendir cuentas hasta el momento.
“Queremos una misión de investigación presidida por un juez de alto nivel. Y que las conclusiones de esta comisión sean públicas”, subraya Bangash, que dejó su empleo de ingeniero para convertirse en el representante de los padres de las víctimas.
– La pena de muerte, restablecida –
En agosto, seis extremistas vinculados con el ataque fueron condenados a muerte y un séptimo a cadena perpetua al término de un juicio a puerta cerrada, según anunció el ejército.
La pena de muerte fue restablecida en el país a raíz del atentado y tras seis años de moratoria.
Cuatro de los sentenciados fueron ahorcados el 2 de diciembre en la cárcel, para desespero de los familiares que querían asistir a su muerte.
Según Bangash, “toda la nación quería ver a esos animales ahorcados públicamente, para disuadir a otros de seguir el ejemplo”.
“En tanto que pastún, creo que su ahorcamiento público sería una solución para los padres, una forma de apaciguamiento”, estima Ajun Khan, que perdió a su hijo, Asfand.
Pero aún así – afirma-, los padres seguirían reclamando una investigación judicial e incluso no descartan acudir a la Corte Internacional de Justicia o a la ONU.
El jefe del ejecutivo de la provincia de Jyber Pajtunkhwa, de la que Peshawar es la capital, descartó una investigación judicial al estimar que ya se han establecido con claridad los hechos. Pero el viernes indicó que las pesquisas policiales habían sido ampliadas y que las conclusiones serían comunicadas en breve a los padres.
Algunos padres, sin embargo, están satisfechos con la reacción de las autoridades.
“Fuimos escuchados”, estima Tufail Jattak, subrayando que las víctimas fueron condecoradas a título póstumo y las familias, indemnizadas. Además, un centenar de escuelas públicas fueron rebautizadas con los nombres de los alumnos fallecidos.
Pero también hay a quien ni la venganza, ni la compensación, les puede consolar. “Sólo queremos volver a ver a nuestros hijos”, dice llorando Andelib Aftab, una profesora de química que perdió a su hijo Huzaifa, de 16 años, así como a muchos de sus alumnos.
