Las medidas de alivio migratorio de EEUU llegan al Supremo
El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este martes analizar la legalidad de las medidas ejecutivas firmadas por el presidente Barack Obama sobre el alivio migratorio en noviembre de 2014 y que aún se encuentran bloqueadas por la justicia.
Los nueve jueces anunciaron, sin dar más detalles, esta decisión políticamente cargada después de una reunión a puerta cerrada, con la inmigración convertida en un tema explosivo de la campaña a las elecciones presidenciales de noviembre.
El complejo decreto permite la regularización de entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular, aunque las medidas fueron suspendidas después que un tribunal federal de Texas cuestionara su constitucionalidad, alegando que Obama se había excedido en sus atribuciones.
La iniciativa de Obama es considerada una ‘amnistía’ para extranjeros que permanecen ilegalmente en el país, aunque la Casa Blanca insistió en que los decretos fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.
La principal medida incluida en los decretos presidenciales es la que permite a personas con hijos nacidos en Estados Unidos o con una situación ya regularizada mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporal de trabajo.
En la práctica, la implementación de los decretos “blinda” literalmente a varios millones de personas del riesgo de deportación, una de las demandas más apremiantes de las entidades de defensa de los inmigrantes.
Brandi Hoffine, funcionaria de la Casa Blanca, saludó la decisión del Tribunal Supremo y dijo a la AFP que “al igual que cualquier familia en nuestro país, los inmigrantes (…) quieren trabajar legalmente, pagar impuestos y contribuir a la sociedad de forma abierta y honesta”.
Por su parte, México celebró la decisión. En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores dio “la bienvenida a la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos” y pidió que “se tome en consideración el impacto positivo de estos programas en la vida de las familias inmigrantes, así como en la economía y el tejido social de ese país”.
– Autoridad cuestionada –
Sin embargo, el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, encabezó una alianza con 25 otros estados cuestionando la legalidad de los decretos, argumentando que el presidente había invadido una atribución que es exclusiva del Congreso.
Este martes, Paxton señaló en una nota oficial que los límites de la autoridad presidencial “fueron excedidos cuando el presidente buscó unilateralmente garantizar una ‘presencia legal’ de más de cuatro millones de extranjeros que residen en este país ilegalmente”.
Entre los alegatos contra las medidas, Paxton había criticado el coste adicional que tendría para Texas y los otros Estados la emisión de permisos de conducir para los inmigrantes regularizados. De acuerdo con Paxton, “al decidir analizar el caso, el Tribunal Supremo reconoce la importancia de la separación de poderes”.
La inmigración se ha convertido en un tema bandera durante la campaña por la nominación del partido Republicano, especialmente del favorito Donald Trump, quien promete construir un muro en la frontera con México.
El anuncio, en cambio, fue inmediatamente aplaudido por legisladores aliados a Obama y por entidades de defensa de los derechos civiles. Para Todd Schulte, presidente de la influyente organización FWD, los decretos de Obama “están plenamente apoyados en la ley, y por ello la decisión del Tribunal Supremo de analizar la situación es un paso en la dirección correcta”.
Por su parte, Eva Millona, codirectora del colectivo de entidades Asociación Nacional por Nuevos Estadounidenses, manifestó que las medidas de Obama “tienen potencial de transformar las vidas de millones de personas, y podría representar miles de millones de dólares en impuestos”.
– “Salir de las sombras” –
En el Congreso, las reacciones no se han hecho esperar. El líder del bloque del Partido demócrata en el Senado, Harry Reid, afirmó este martes que las medidas firmadas por Obama “se basan en su bien establecida autoridad constitucional y tengo la seguridad de que el Tribunal Supremo fallará a favor de implementarlas”. Según Reid, a las familias que ya tienen hijos regularizados “se les debe permitir salir de las sombras y contribuir plenamente al país que aman y consideran su hogar”.
Por su parte, el legislador Luis Gutiérrez apuntó que “la ley, los precedentes legales y la propia gente están del lado del presidente”. Para Gutiérrez, quienes se oponen a la inmigración desean que las personas que aún están en situación irregular “sigan viviendo en un limbo, viviendo y trabajando aquí pero siempre bajo la amenaza de una deportación inminente”.
Presionado por las críticas a la amnistía, el Gobierno autorizó en el mes de diciembre la deportación de personas cuya salida del país sea considerada prioritaria, ya sea por la comisión de delitos o por tratarse de extranjeros con antecedentes policiales. Sin embargo, entidades y testigos denunciaron redadas para detener y expulsar del país a personas -incluyendo familias con niños- que llegaron a Estados Unidos escapando de la violencia en países de América Central.
Notorios aliados de Obama -como los propios congresistas Reid y Gutiérrez, y la aspirante presidencial Hillary Clinton- criticaron ásperamente esas redadas, alegando que esas personas debían ser consideradas refugiados y no inmigrantes económicos.
