Londres rechaza la competencia “directa” del Tribunal de Justicia de la UE
El Gobierno británico quiere poner fin a la competencia “directa” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Reino Unido tras el Brexit, sin llegar a la ruptura completa que defendía hasta el momento.
“No es necesario ni apropiado que el TJUE sea directamente competente en un Estado no miembro” de la UE, indicó el Ministerio del Brexit en un documento publicado este miércoles, una semana antes de que comience la tercera ronda de negociaciones con Bruselas sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Existen “otros medios para resolver los conflictos en los acuerdos internacionales, sin la jurisdicción directa del TJUE”, alegó.
El ministerio recordó asimismo que la UE ya recurre a otras instancias políticas y tribunales de arbitraje para hacer aplicar los acuerdos internacionales en países no miembros, y opinó que se podrían utilizar mecanismos similares con Reino Unido tras el Brexit.
Londres dejó sin embargo abierta la posibilidad de permanecer bajo la jurisdicción del TJUE durante todo el periodo de transición anterior a la aplicación de un nuevo acuerdo entre Reino Unido y la UE.
“El Gobierno parece haber aceptado tardíamente que no será posible poner fin a la influencia del tribunal de la UE en Reino Unido sin perjudicar al libre comercio y la cooperación en materia de seguridad”, declaró en un comunicado Vince Cable, el líder del Partido Liberal Demócrata, proeuropeo.
“La idea de que, de una manera u otra, vamos a escapar por completo de la influencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (…) es, me temo, una quimera”, dijo en la BBC Dominic Grieve, diputado conservador y exfiscal general de Inglaterra y Gales, el mayor cargo judicial del país.
La propuesta de Reino Unido sobre la competencia del TJUE desagradará probablemente a Bruselas, que defiende la necesidad de que la mayor jurisdicción europea continúe siendo competente tras el Brexit.
La UE quiere poder seguir recurriendo al TJUE en caso de litigios para garantizar el respeto de los derechos de sus cerca de tres millones de ciudadanos instalados en Reino Unido.
