Militar preso por el asesinato del obispo Gerardi entre los 13 muertos en motín en Guatemala
Trece personas murieron el lunes en un motín carcelario en Guatemala, entre ellos el capitán retirado Byron Lima, preso por la muerte del reconocido obispo Juan Gerardi, y una visitante de nacionalidad argentina, informaron autoridades.
“Entre las personas (muertas) que han sido identificadas se encuentra el señor (Byron) Lima”, dijo en conferencia de prensa el ministro del Interior, Francisco Rivas.
El motín ocurrió en la cárcel Pavón, 17 km al sureste de la capital, y comenzó tras un ataque con una granada de fragmentación contra el “equipo de seguridad” de Lima, señaló el funcionario encargado de la seguridad interna.
Rivas explicó que el grupo atacante está vinculado al capo de la droga guatemalteco Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero”, recluido en esa misma prisión por el asesinato en 2008 de 15 nicaragüenses y un holandés.
Agregó que durante la revuelta también perdió la vida Joanna Birriel, de 24 años y de nacionalidad argentina, quien se encontraba de visita, aunque sin dar más detalles sobre ella.
Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro personas decapitadas y una calcinada, así como 10 personas heridas en el motín, dijo Rivas, al precisar que la Fiscalía se ha hecho cargo de las investigaciones.
– Pugna de dos bandos –
“La información inicial que tenemos es que el ataque fue producto de los conflictos internos que existían entre esos dos grupos” que mantenían una disputa en la cárcel, entre otras cosas, por el control de la droga, declaró Rivas.
“Preliminarmente sabemos que fue un ataque por parte del grupo de Montiel”, aseveró.
Tras el enfrentamiento, la cárcel de Pavón fue tomada por 2.000 efectivos de la policía y fueron liberadas unas 129 personas que se encontraban de visita, la mayoría familiares de reos, apuntó.
Lima, un capitán retirado del ejército guatemalteco, purgaba desde 2001 una condena a 20 años por participar en abril de 1998 en el asesinato del obispo Gerardi, ocurrido dos días después de que se hizo público el informe “Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala Nunca Más”.
El obispo había dirigido la investigación que documentó más de 50.000 violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado (1960-1996), la mayoría atribuidas al ejército.
Por la muerte del obispo también fueron condenados el padre de Lima, el coronel retirado Byron Lima Estrada, y el sacerdote Mario Orantes, ambos libres por redención de pena en 2012 y 2013, respectivamente.
Además fue sentenciado el sargento Obdulio Villanueva, quien murió decapitado en 2003 durante otro motín en una cárcel en la periferia norte de Ciudad de Guatemala.
– Reo poderoso –
Durante sus años en la cárcel, Lima fue tomando protagonismo al punto de convertirse en el líder de los reos en los centros de detención a donde fue trasladado.
En septiembre de 2014 un juez abrió otro proceso en contra de Lima (hijo) por supuestamente liderar una red de enriquecimiento ilícito en el sistema carcelario.
Según las pesquisas, el militar amasó una fortuna al cobrar, en complicidad con las autoridades penitenciarias, el traslado de reos a otras prisiones, así como privilegios como visitas conyugales o el uso de celulares, prohibidos en la cárcel.
Las investigaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que colabora con la depuración del sistema judicial, a la que Lima siempre se opuso al acusarla de injerencia en los asuntos internos.
“Lima Oliva ejerce “indudable influencia en el Sistema Penitenciario y afuera, llegando a diversos ámbitos del quehacer político y económico; es público que mantiene contactos y recibe visitas de diversas personalidades y actores públicos”, declaró en ese momento el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig.
La analista en asuntos de seguridad, Lorena Escobar, refirió que el crimen de Lima evidenció una vez más que las autoridades “hace mucho tiempo perdieron el control” de las prisiones, vulnerables para el ingreso de armas de fuego y que se cometan otras acciones ilegales.
“Será un gran reto para ésta y cualquier otra administración (de gobierno) retomar el control” de las cárceles, expuso a la AFP la experta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
