Ministro de Hacienda argentino defiende ante el Congreso el pago a los ‘holdouts’
“Si no resolvemos esto, no podemos volver a crecer”, dijo el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay ante diputados este viernes en el Congreso de Argentina, donde defendió el proyecto de ley clave para sellar el acuerdo de un pago multimillonario a los fondos especulativos anunciado en EEUU.
Tras acordar con los poderosos fondos NML Capital, Aurelius y otros acreedores un pago de 4.653 millones de dólares en efectivo, con plazo máximo el 14 de abril, Gobierno del presidente Mauricio Macri busca poner fin a este largo litigio que se desarrolló en los tribunales federales de Nueva York y salir así de un ‘default’ que Argentina arrastra desde hace 15 años.
Ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, Prat-Gay, defendió el proyecto que contempla derogar dos leyes claves y pedir autorización para la emisión de bonos para pagar la deuda.
Prat-Gay afirmó que “si se extienden los acuerdos al resto de los bonistas (‘holdouts’) esto significa una emisión de 11.684 millones de dólares en bonos”.
El lunes “dijimos 15.000 millones para ser prudentes y porque tenemos que ir financiando otros vencimientos y el déficit fiscal. Pero 11.684 millones de dólares va a ser el costo de la nueva deuda”, explicó el ministro.
Según el Financial Times, una eventual emisión por 15.000 millones sería la deuda más grande que tome un país en desarrollo en los últimos 20 años, después de México en 1996.
El miércoles, el juez de Nueva York Thomas Griesa levantó sus medidas en este litigio contra Argentina, pero bajo las condiciones de que el país derogue dos leyes, la denominada Ley Cerrojo y la de Pago Soberano, y que pague a los acreedores que hayan aceptado su oferta hasta el 29 de febrero.
El juez tomó la decisión dos días después de un preacuerdo del país para pagar 4.653 millones de dólares a los dos fondos especulativos más duros, Aurelius y NML Capital.
La Ley Cerrojo impide mejorar la propuesta argentina a algunos acreedores sin equiparar a los que ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
La Ley de Pago Soberano cambió de Nueva York a Buenos Aires la sede de pago a los acreedores para eludir un bloqueo judicial.
Griesa había bloqueado un pago de 539 millones de dólares a acreedores que sí adhirieron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 al que se plegó un 93% de bonistas, lo que llevó al país a caer en ‘default’ parcial.
– “Profesionales de la usura” –
“Esta es una negociación con profesionales de la usura”, advirtió el ministro de Hacienda, al justificar el monto del acuerdo con los llamados fondos ‘buitres’, que supone el pago en efectivo a los acreedores y la salida al mercado con nuevos bonos.
Para eso, “ofrecimos pagar el 100% del capital y discutir con energía los intereses”, dijo.
El acuerdo no es igual para todos los acreedores, admitió ya que “los más duros tendrán una quita del 25% y están aceptando el 85% de los litigantes”, señaló.
Prat-Gay reivindicó el cambio de estrategia del nuevo gobierno de Argentina en relación al de la expresidenta de centro-izquierda Cristina Kirchner (2007/2015), que había rechazado acatar la sentencia adversa de Griesa.
Según el actual gobierno, finalizar el litigio permitirá volver a los mercados de capitales y acceder al crédito, la única forma de “evitar el peor ajuste que es a través del gasto y la inflación”, advirtió el ministro.
– Plazos y votos –
El gobierno de centroderecha de Macri trabaja contrarreloj para conseguir respaldo en un Congreso de mayoría opositora, aunque de distintos signos, que el año pasado aprobó las normas que hoy buscan derogar.
“No estamos de acuerdo con este preacuerdo (con los fondos)”, lanzó Héctor Recalde, jefe del bloque kirchnerista Frente para la Victoria (FPV), y rechazó que el Ejecutivo le ponga al Congreso el plazo máximo del 14 de abril, determinado por Griesa.
Recalde había anticipado que “los 85 diputados” del bloque no darán quórum para este tratamiento.
El FPV perdió en febrero su condición de primera minoría al irse un grupo diputados que formó otro bloque peronista liderado por Diego Bossio, quien dijo que “no pondrá palos en la rueda” al gobierno.
“La fecha no pretende ser ni por asomo una extorsión, ni condicionar la discusión. No es un ultimátum”, se defendió el ministro.
El lunes próximo, esas comisiones de diputados escucharán la opinión de economistas antes de dictaminar y luego el tema pasaría al pleno de la Cámara la semana siguiente, ante la urgencia del gobierno por regresar a los mercados de capitales, de los que la tercera economía de América Latina está fuera desde la moratoria de 2001.
