Nigeria juzga a supuestos miembros de Boko Haram en procesos masivos a puerta cerrada
Más de 2.300 presuntos miembros del grupo yihadista Boko Haram detenidos en centros militares en Nigeria comparecerán a partir del lunes en unos inéditos juicios que se llevarán a cabo en el más estricto secreto.
“Ahora todo está preparado para la lectura de las actas de acusación de los sospechosos de Boko Haram en los diferentes centros de detención”, anunció a finales de septiembre el ministerio de Justicia.
Unas 1.670 personas en un centro militar de Kainji, en el Estado de Níger, serán las primeras en ser juzgadas. Los casos de otros 651 detenidos en el campo de Giwa en Maiduguri, capital de Borno y epicentro del conflicto, “seguirán luego”.
“Es el primer proceso significativo de sospechosos de Boko Haram” en Nigeria, subraya Matthew Page, especialista de este gigantesco país del oeste de África en el departamento de Estado norteamericano. Según él, muchos de ellos llevan detenidos desde hace años, en secreto, si haber visto ni un abogado ni un juez.
Aunque miles de presuntos miembros de Boko Haram fueron arrestados desde el inicio de este conflicto que asola el noreste de Nigeria desde hace ocho años, pocos son los procesos que se han llevado a cabo. Hasta ahora, solo 13 personas han sido juzgadas y nueve halladas culpables por sus vínculos con la insurrección, según cifras oficiales.
Las condiciones en las que se efectuarán estos procesos están rodeadas de un gran escepticismo a propósito de la transparencia del sistema judicial nigeriano.
Las audiencias se celebrarán a puerta cerrada, dentro mismo de los centros de detención militar, reveló a la AFP una fuente judicial cercana al cosa en Abuja, bajo anonimato.
“No habrá ningún acceso para la prensa”, explicó esta fuente. “Informaciones que pueden ser importantes para la seguridad del país podrán ser abordadas”, añadió.
Umar Ado, un abogado instalado en Kano, en el norte, estima que el hecho de que la prensa no tenga acceso “envía una mala señal, que no habrá justicia o que habrá compromisos”.
“¿Serás juzgados juntos o uno a uno?”, se pregunta otro jurista nigeriano, John Odubela, en las páginas del diario nigeriano The Guardian, poniendo en duda la capacidad de la justicia para gestionar tantos casos.
El ministerio ya reconoció que los jueces toparán con numerosos escollos, como “investigaciones mal efectuadas” a causa de la inseguridad en la zona de guerra o “una gran dependencia de las pruebas basadas en las confesiones”.
– Presión internacional –
Para Matthew Page, “hay muchas razones para pensar que un gran número de detenidos (que serán juzgados) tienen muy poco, o ningún vínculo con el grupo” yihadista.
Los grupos de defensa de los derechos humanos denuncian a menudo supuestos abusos de las fuerzas de seguridad en un país donde la práctica del secreto sigue estando muy presente, después de décadas de dictadura militar (1966-1999).
Al menos 1.200 personas fueron ejecutadas someramente y más de 20.000 fueron arrestadas de forma arbitraria, en el marco de la lucha contra Boko Haram, afirmaba Amnistía Internacional en un informe en junio de 2015.
La oenegé también alertaba sobre las “horribles” condiciones de detención en los centros militares, donde 7.000 personas habrían muerto de hambre, asfixia o torturas, desde 2011.
Hoy en día, “nadie sabe exactamente cuántas personas están detenidas, si siguen con vida o dónde se encuentran”, afirma a la AFP Isa Sanusi, responsable de comunicación para Amnistía Nigeria.
El presidente Muhammadu Buhari, elegido en 2015, prometió investigar las acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Al menos dos comisiones fueron suspendidas pero el ejército anunció en junio que no iniciaría ningún proceso contra los miembros de alto rango denunciados por Amnistía.
Solo un caporal fue condenado a muerte en un corte marcial por haber matado un hombre sospechoso de pertenecer a Boko Haram en el noreste del país.
Estos escándalos han llevado a los occidentales a mostrarse prudentes, a pesar de los reiterados llamados de apoyo militar de Abuya para luchar contra la insurrección, que ha causado más de 20.000 muertos y 2,6 millones de desplazados.
Un acuerdo de casi 600 millones de dólares, en el que se preveía la compra de 12 aviones de caza, fue bloqueado por la administración Obama después de un bombardeo “accidental” del ejército nigeriano contra un campamento de desplazados, donde murieron más de un centenar de personas. La compra fue finalmente aprobada a finales de agosto por el Pentágono.
Para Isa Sanusi, estos procesos en masa son sobre todo una respuesta a la presión internacional sobre el gobierno nigeriano que “busca desesperadamente conseguir más armas”.
