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Nueva fiscal asume en un Brasil sacudido por denuncias de corrupción

El presidente de Brasil, Michel Temer, y la nueva fiscal general, Raquel Dodge, en Brasilia, el 18 de septiembre de 2017

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La nueva fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, advirtió este lunes que nadie está por encima de la ley, pero abogó por apaciguar la guerra de poderes desatada en el país por denuncias de corrupción que alcanzaron al propio presidente Michel Temer.

"La armonía entre los poderes es un requisito para la estabilidad de la nación", declaró Dodge, de 56 años, en su discurso inaugural en la sede del Ministerio Público Federal (MPF) en Brasilia.

La jurista también levantó la bandera de la lucha contra la corrupción como una prioridad para su gestión de dos años: "Nadie está por encima o por debajo de la ley", declaró. Brasil, sentenció, ya "no tolera la corrupción y no solo espera, sino también exige resultados".

Dodge, que cursó estudios en Brasilia y los completó en Harvard, es la primera mujer en ejercer como procuradora general. Funcionaria del MPF desde 1987, llega al cargo en pleno recrudecimiento de la crisis causada por una saga de escándalos que entrelazan al primer nivel del Estado con las mayores empresas del país.

Sus primeros pasos serán observados con atención por propios y ajenos, mientras la corte suprema decide si transmite a la Cámara de Diputados el último pedido de denuncia contra Temer.

Dodge buscó una fórmula que sirva de orientación, entre tantas presiones.

"El país pasa por un momento de depuración. Los órganos del sistema de administración de justicia tienen en el respeto y la armonía entre las instituciones la piedra angular que equilibra la relación necesaria para hacer justicia", afirmó, en un pasaje elogiado por Temer, que presenció el acto.

Dodge evitó mencionar a la Operación Lava Jato, la investigación que desvendó la financiación ilegal de la política mediante desvíos de dinero público y sobornos.

- La sombra de Janot -

Dodge mencionó solo al pasar a su antecesor, Rodrigo Janot, que después de convertir a Temer en junio pasado en el primer mandatario en funciones en ser acusado de un delito común volvió a la carga la semana pasada, acusándolo de liderar una organización criminal para expoliar al Estado y de tratar de obstruir la acción de la justicia.

El primer caso, por corrupción pasiva, fue bloqueado en agosto por la Cámara de Diputados, pero abrió un agrio enfrentamiento entre Janot y Temer, cuya defensa atribuyó al fiscal un ensañamiento de carácter personal contra el jefe de Estado.

Janot también deja abiertas denuncias contra los exmandatarios de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), contra el conservador José Sarney (1985-1990) y contra decenas de diputados y legisladores en funciones.

El mandato de la fiscal comienza en una semana sensible. Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará un pedido de la defensa de Temer para congelar las últimas denuncias hasta que se defina si las pruebas contra el presidente aportadas por los dueños del gigante de la alimentación JBS son válidas.

Los hermanos Wesley y Joesley Batista firmaron un acuerdo de colaboración con la justicia a cambio de inmunidad, por el cual revelaron que Temer supuestamente había recibido dinero por debajo de la mesa y avalado sobornos para mantener callados a quienes pudieran incriminarlo. Pero el pacto fue anulado luego de que el propio Janot, que gestionó esa confesión, detectara que habían ocultado información.

Ambos hermanos fueron encarcelados.

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