Polémica en Francia por las primas de los ejecutivos de las grandes empresas
La polémica arrecia en Francia sobre los abultados bonos, ‘stock options’ y jubilaciones doradas atribuidas a ejecutivos de grandes empresas en épocas de ‘vacas flacas’, pero las críticas parecen afectar poco o nada a esas prácticas.
Este debate sobre los emolumentos de los grandes capitanes de la industria resurge periódicamente y obliga en muchos casos al Gobierno a tomar cartas en el asunto.
Eso ocurrió esta semana, cuando el consejo de administración de Renault validó el salario de 2015 de su presidente, Carlos Ghosn, de 7,25 millones de euros. La decisión se adoptó pese a la opinión contraria de la asamblea de accionistas, expresada en un voto de carácter consultivo el 29 de abril.
El ministro de Economía, Emmanuel Macron, denunció “una disfunción de gobernanza” en el seno del fabricante automovilístico, que cuenta en su capital con un 20% de participación del Estado francés.
Polémicas similares se produjeron en torno a los ingresos del presidente del gigante farmacéutico Sanofi, Olivier Brandicourt; del expatrón del fabricante de equipos de telecomunicaciones Alcatel-Lucent Michel Combes; y del dirigente del grupo automovilístico PSA, Carlos Tavares.
Este último, cuya remuneración prácticamente se duplicó en un año -pasando de 2,75 millones de euros en 2014 a 5,24 millones en 2015- rechazó las críticas con un argumento de choque: “Me considero como un jugador de fútbol o un piloto de Fórmula 1: hay un mercado”, alegó.
Según la asesoría de accionistas Proxinvest, que preconiza un mejor encuadre de estas prácticas, el ingreso medio de los altos ejecutivos de empresas que cotizan en la Bolsa de París se elevó en 2014 a 4,2 millones de euros, un alza del 6% respecto al año anterior.
Y según el diario Les Echos volvieron a aumentar un 4% en 2015, sin tomar en cuenta los bonos diferidos y de otro tipo de acciones vinculadas al rendimiento que les son concedidos.
¿Significa que los cuestionamientos son estériles? “Hubo progresos en materia de gobernanza, pero sigue habiendo malos alumnos. Y es muy difícil obtener avances en lo que respecta a los montos” de las retribuciones, admite Loïc Dessaint, director general de Proxinvest.
Las críticas políticas “no surten mucho efecto. Hay muchas gesticulaciones, pero a las autoridades políticas, cualesquiera que sean, les disgusta tomar medidas más autoritarias”, señala Bernard Vivier, director del Instituto Superior del Trabajo.
– ¿Incitación o coerción? –
El presidente socialista, François Hollande, había prometido en su campaña electoral de 2012 enmarcar las remuneraciones de los ejecutivos, limitando en particular el recurso a los bonos y a las opciones sobre acciones (‘stock options’).
Y de hecho los salarios de los dirigentes de empresas públicas o con participación mayoritaria del Estado han sido limitados a un máximo de 450.000 euros anuales. Pero en el sector privado se optó por la autorregulación, con un refuerzo del código de buena gobernanza de las entidades patronales.
Ese código prevé someter los salarios y primas a un voto consultivo de los accionistas y que, en caso de rechazo, el consejo de administración examine los pasos a seguir. Pero ese procedimiento demostró sus limitaciones en Renault.
La patronal francesa estima en cambio que el caso Ghosn demostró que “los accionistas tomaron en mano plenamente la nueva herramienta” y pudieron gracias a ella “expresar su opinión, e incluso su descontento”.
Anteriormente, solamente los sindicatos, las asociaciones y los políticos fustigaban las alzas excesivas de los salarios de los ejecutivos.
Dessaint considera, sin embargo, que “la autorregulación es insuficiente” para modificar un modelo anclado en “un problema de cultura” empresarial, dado que los consejos de administración “no se comportan como representantes de los accionistas, sino como miembros cooptados por el presidente” del grupo.
Ciertos políticos como Bruno Le Maire, precandidato de la oposición de derecha a las elecciones de 2017, proponen que el voto de los accionistas sea vinculante, y no meramente consultivo. Las organizaciones patronales se oponen a ello, alegando que enviaría una señal negativa a los inversores extranjeros.
Pero la idea podría acabar por adoptarse a medio plazo, dado que una ley en proceso de elaboración en Bruselas podría adoptarla en 2018 para la Unión Europea (UE) en su conjunto.
