Rousseff, confrontada al riesgo de estallido de la coalición de poder en Brasil
La presidenta brasileña Dilma Rousseff corre el riesgo de asistir esta semana a una desintegración de su coalición de gobierno, que reduciría considerablemente sus chances de impedir que los diputados voten hacia mediados de abril por su destitución.
La Orden de Abogados de Brasil (OAB) presentará el lunes una nueva demanda de impeachment de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), confrontada a una crisis política de dimensiones históricas.
Pero el destino de Rousseff, de 68 años, podría quedar sellado el martes, cuando la dirección del centrista PMDB, indispensable aliado del PT, vote con toda probabilidad a favor de la ruptura con el gobierno.
El jefe del PMDB, una fuerza que cuenta con 69 diputados, no es otro que el vicepresidente de la República, Michel Temer, quien en caso de impeachment reemplazaría a Rousseff hasta las próximas elecciones de 2018.
Temer, un político discreto, de 75 años, no movió un dedo en las últimas semanas para defender a Rousseff, cuando la crisis se aceleró vertiginosamente.
Se entrevistó en cambio la semana pasada con el jefe de la oposición Aecio Neves, para evocar el futuro de la mayor economía de América Latina, golpeada a la vez por la recesión y por una tormenta política agravada por el gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras.
Millones de brasileños, principalmente de la clase media blanca de las grandes ciudades del sudeste industrial, salieron a la calle para exigir la partida de Rousseff. La izquierda organizó sus propias marchas, menos concurridas.
Para tratar de salvar a su gobierno, Rousseff nombró jefe de gabinete a su predecesor Luiz Inacio Lula da Silva, pese a las sospechas de corrupción que pesan sobre su mentor.
Pero un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) bloqueó la designación, por sospechar que era un mero ardid para poner a Lula al abrigo de la justicia ordinaria y de una eventual orden de detención.
Un plenario del STF debería decidir el miércoles si Lula es al fin y al cabo ministro, en un nuevo capítulo del duelo entablado entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
El exlíder sindical, que encabezó las manifestaciones de la izquierda para denunciar una tentativa de “golpe de estado” contra Rousseff, dará una conferencia de prensa el lunes por la mañana en Sao Paulo.
Y la izquierda llamó a nuevas manifestaciones el jueves, “en defensa de la democracia”, donde tratará de echar el resto para evitar perder el poder que ejerce desde hace trece años.
– Frágiles coaliciones –
Las incidencias en torno al regreso de Lula a primer plano parecen haber decidido a muchos diputados a abandonar la coalición.
Según el diario O Globo, un 80% de los miembros de la dirección del PMDB podría votar a favor de la ruptura.
La poderosa federación “pemedebista” de Rio de Janeiro, donde en menos de cuatro meses se inaugurarán los Juegos Olímpicos, se pronunció el viernes por la salida del gobierno. Otros partidos podrían imitar al PMDB, principalmente el PP, que cuenta con 49 diputados.
La disciplina partidaria no es una religión en Brasil, y ambos campos multiplican los contactos entre bastidores, diputado por diputado, con vistas al voto de una eventual moción de destitución.
Un proceso de impeachment requiere en un primer momento la aprobación de dos tercios de la Cámara (342 de los 513 diputados), en una sesión que según las direcciones partidarias podría llevarse a cabo a mediados de abril y que debe ser ratificada por más de la mitad de los 81 senadores.
En ese caso, Rousseff sería apartada de su cargo por un período máximo de 180 días, en espera de que la Cámara alta dé su veredicto definitivo, esta vez por una mayoría de dos tercios.
Rousseff es acusada de haber maquillado las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección, y en 2015, para escamotear la dimensión del déficit público. Para la oposición, se trata de un “crimen de responsabilidad”, una figura prevista por la Constitución para justificar un impeachment.
Una acusación que la jefa de Estado rechazó, en un acto con juristas y en declaraciones a la prensa internacional.
“Me recriminan prácticas presupuestarias que todos los presidentes, hasta mi primer mandato, habían practicado. Un proceso de destitución sin base legal constituye un golpe de estado institucional”, afirmó.
Varios magistrados del STF afirmaron esta semana que el impeachment es un procedimiento “legal”, pero solamente “si respeta escrupulosamente la Constitución”.
Si el impeachment llega a su fase final en el Senado, los debates serán dirigidos por el presidente de la máxima jurisdicción del país.
