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Siguen las protestas en India contra polémica ley de ciudadanía

Un autobús en llamas en las protestas contra una controvertida ley de ciudadanía, en Howrah, en las afueras de Calcuta, en el noreste de India, el 14 de diciembre de 2019 afp_tickers
Este contenido fue publicado el 14 diciembre 2019 - 06:28
(AFP)

Miles de personas volvieron el sábado a salir a la calle en India para protestar contra una controvertida ley que facilita el acceso a la nacionalidad a refugiados, siempre que no sean musulmanes.

En Nueva Delhi, los manifestantes pidieron al primer ministro, Narendra Modi, que renunciara a esta ley que, según sus detractores, "dividiría nuestro país secular según criterios religiosos".

La ley permitirá al gobierno indio dar la nacionalidad a refugiados procedentes de Afganistán, Bangladés y Pakistán, a condición de que no sean musulmanes. Afecta especialmente a las minorías religiosas, entre ellas los hindúes y los sijs.

En el estado de Bengala Occidental, las protestas estuvieron marcadas por una fuerte violencia, con al menos 20 autobuses y estaciones incendiadas. Manifestantes bloquearon carreteras y lanzaron neumáticos en llamas contra los raíles.

En Guwahati, en el estado de Assam, donde la policía abrió fuego el jueves contra los manifestantes y mató a dos personas, varios cientos de personas asistieron el viernes al funeral de una de las víctimas, Sam Stafford, de 18 años.

En este contexto incendiario, el primer ministro indio y su homólogo japonés, Shinzo Abe, aplazaron una reunión prevista a partir del domingo en Guwahati.

Estados Unidos y Reino Unido aconsejaron a sus ciudadanos no viajar al noreste de India, epicentro de las protestas.

La oposición y las organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran que esta ley forma parte del programa nacionalista de Modi, que busca, según ellas, marginar a 200 millones de indios musulmanes.

El sábado, un colaborador cercano de Modi, Amit Shah, intento calmar los ánimos de los habitantes de los estados del noreste y afirmó que el gobierno protegería su "cultura, su identidad social, su idioma y sus derechos políticos".

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