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El presidente de EEUU, Donald Trump, hace un gesto desde el vehículo en el que abandona su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2017, tras haber pasado allí el fin de semana

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Tras haber cosechado en febrero y marzo duras derrotas judiciales por su decreto migratorio, cuyas dos versiones fueron bloqueadas por los tribunales, Donald Trump apuesta desde este lunes a lograr su revancha en el juicio de apelación.

La presunta intención es esencial. Como la Constitución de Estados Unidos prohíbe la discriminación religiosa, para quienes se oponen al decreto, la animosidad de Trump de cara al Islam no ofrece ningún género de duda.

A la inversa, si se prueba que el decreto responde simplemente a un problema de seguridad nacional vinculado con la inmigración de individuos potencialmente peligrosos, no hay razón para no aprobarlo: los textos otorgan al presidente la potestad de acción en la materia.

Según el complejo sistema jurisdiccional estadounidense, es en Richmond, capital de Virginia donde se analiza este caso que opone al gobierno y a asociaciones civiles, para las cuales el decreto trata de manera discriminatoria a los musulmanes.

El desafío de Jeffrey Wall, un abogado del departamento de Justicia que representa a la administración, será persuadir a los jueces de que las restricciones al ingreso al país son parte de las potestades presidenciales.

La juez Barbara Milano Keenan desafió a Wall a establecer una relación entre la nacionalidad de decenas de millones de personas afectadas y su presunta peligrosidad.

Wall y su equipo también deberán demostrar que la norma es "vital" para la seguridad nacional, una afirmación que se debilita con el paso del tiempo sin que exista ninguna evidencia de amenaza yihadista en el país.

Debido a la importancia y sensibilidad del caso, el cuarto circuito de la corte federal de Apelaciones sesiona en formación plenaria, con el conjunto de sus jueces activos, algo nunca visto en un cuarto de siglo.

Los altos magistrados suman 15, pero dos se han recusado por iniciativa propia por potenciales conflictos de intereses, incluido el juez conservador J. Harvie Wilkinson, suegro de Wall.

La segunda versión del decreto cerraba temporalmente las puertas del país a los refugiados del mundo entero y a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, en vez de los siete de la versión precedente.

Esta medida es la más controvertida de la administración Trump, que afirma, sin prueba alguna, que la inmigración agrava la criminalidad en Estados Unidos.

- Trump: justicia "politizada" -

Un vasto frente se ha levantado contra este decreto, en primera línea del cual figuran los estados gobernados por el Partido Demócrata.

Entre los detractores de la medida de la Casa Blanca se cuentan también asociaciones humanitarias, militantes sociales, agrupaciones estudiantiles y grupos económicos activos en las nuevas tecnologías, que emplean a numerosos extranjeros.

A fines de enero, la primera versión del decreto había provocado fuertes reacciones en el mundo y un verdadero caos en los aeropuertos estadounidenses.

Su aplicación fue suspendida el 3 de febrero por un juez federal de Seattle, en el estado de Washington.

La segunda versión, que sus detractores consideraban inaplicable en el plano jurídico, fue bloqueada por un juez de Hawái y otro del estado de Maryland, en el este del país.

En cada una de esas ocasiones, Trump denunció la "politización" de la justicia y dijo que continuaría su combate incluso hasta la Corte Suprema, para la cual designó recientemente a un juez conservador.

La apelación al fallo de Hawái será examinado dentro de una semana por un colegio de tres jueces federales en Seattle, en el estado de Washington (oeste).

- Urgencia y desacuerdos -

La corte de apelaciones de Richmond evalúa el fallo del 16 de marzo del juez de Maryland Theodore Chuang, quien suspendió la aplicación del decreto tras tomar nota de la retórica antimusulmana de Trump desde la campaña electoral.

El juez Chuang intervino en el caso tras una denuncia de una coalición de organizaciones de defensa de las libertades y de los refugiados, integrada entre otros por la poderosa American Civil Liberties Union (ACLU).

Esta organización está representada en las audiencias de apelación por el abogado Omar Jadwat, quien consideró que el decreto antiinmigración era "una violación sin precedentes del principio constitucional básico de que el gobierno no puede perjudicar a ninguna religión en particular".

Trump "dijo 'El Islam nos odia'", señaló el abogado. "Dijo que iba a prohibir a los musulmanes (entrar en Estados Unidos). Punto".

La corte de apelaciones de Richmond "era la más conservadora de las (13) cortes de apelaciones federales pero se convirtió en más moderada, en parte porque el presidente (Barack) Obama designó en ella nuevos jueces", dijo a la AFP Carl Tobias, profesor de derecho en la Universidad de Richmond.

"La decisión podría tener lugar de aquí a seis meses. Hay una urgencia evidente en que el fallo se pronuncie lo más rápido posible, pero tomará más tiempo porque habrá puntos de vista diferentes" entre los magistrados, que seguramente tendrán desacuerdos entre ellos, subrayó.

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