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Michael Flynn, exasesor de Seguridad Nacional del presidente de EEUU, Donald Trump, habla sobre la transición de poderes el 10 de enero de 2017 en Washington

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El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Michael Flynn no aceptará el citatorio del Senado para presentar documentos sobre sus vínculos con Rusia y apelará a su derecho constitucional contra la autoincriminación, dijo este lunes una fuente cercana al exfuncionario.

Flynn, un figura clave en la explosiva investigación sobre la relación entre la campaña presidencial de Trump con una supuesta interferencia de Rusia en la elección de 2016, "hará valer su derecho de acogerse a la Quinta Enmienda", dijo la fuente a la AFP.

El Comité de Inteligencia del Senado, el cual pidió a Flynn presentar el miércoles cualquier registro de sus contactos con Rusia, será informado más tarde de su respuesta y de sus motivos en una carta.

Flynn, exjefe de inteligencia militar, quien se unió a la administración del presidente Donald Trump, debió renunciar a solo unas a semanas de asumir el cargo de asesor de Seguridad Nacional y es una figura clave en las varias investigaciones sobre la presunta injerencia rusa en la campaña electoral.

Los investigadores analizan un viaje de Flynn pagado por Moscú para asistir a una cena de gala en 2015, en la que se sentó con el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus múltiples comunicaciones con el embajador de Rusia en Estados Unidos en el mes de diciembre, después de la elección.

De acuerdo con la fuente, si Flynn cumple con la citatorio, se arriesga a perder el derecho a acogerse a la Quinta Ememienda si es obligado a testificar en alguna de las investigaciones.

En marzo, el abogado de Flynn, Robert Kelner, dijo que el retirado teniente general podría no testificar sin "garantías contra un proceso injusto", incrementando la especulación de que estaría buscando un acuerdo de inmunidad.

"Ciertamente, Flynn tiene una historia que contar y quiere de verdad decirlo, si las circunstancias lo permiten", dijo Kelner en una declaración el 30 de marzo.

"Ninguna persona razonable, que cuente con el beneficio de asesoramiento de un abogado, se sometería a preguntas formuladas en un ambiente tan politizado en el que hay una caza de brujas, sin asegurarse de tener garantías contra una acción legal", explicó.

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