Un juez de Florida bloqueó parcialmente este viernes una ley que exige a los expresidiarios pagar todas sus multas y otras deudas antes de registrarse para votar, en una decisión que potencialmente puede afectar las elecciones de Estados Unidos de 2020.

La decisión del juez federal Robert Hinkle es válida sólo para los 17 expresidiarios que entablaron la demanda, pero el fallo puede abrir la vía para que todos los demás exconvictos que quieran sufragar y se vean impedidos de hacerlo por sus deudas, estén en capacidad de registrarse.

De la evolución de este caso depende que Florida cuente o no con cientos de miles de nuevos votantes, la mayoría negros e hispanos, antes de las muy polarizadas elecciones estadounidenses de noviembre de 2020 en un estado sin preferencia clara y donde cada voto cuenta.

"El estado de Florida no puede negar la restitución del derecho al sufragio del presidiario sólo porque el presidiario no tiene los recursos necesarios para pagar sus deudas", escribió el juez en su fallo.

El texto exige al estado de Florida que estudie e implemente un proceso que permita registrarse para votar a los expresidiarios que no pueden pagar sus multas, deudas con tribunales u otras obligaciones financieras.

En noviembre del año pasado, los electores de Florida decidieron en referéndum restablecer el derecho a votar a más de un millón de exconvictos, excepto asesinos o criminales sexuales.

La ley anterior, un vestigio de las leyes racistas de 150 años atrás, les negaba esta prerrogativa a los exconvictos para siempre.

La llamada Enmienda 4 entró en vigor de inmediato y los exconvictos comenzaron a registrarse, pero la Legislatura estatal, de mayoría republicana, diseñó rápidamente una medida que les puso freno.

Los legisladores diseñaron la "ley SB 7066", que exige a los "ciudadanos retornados" que, antes de inscribirse en el registro electoral, cancelen todas sus deudas monetarias con los tribunales, que pueden alcanzar miles de dólares y ser impagables para muchos.

En junio de este año, 17 expresidiarios, junto a organizaciones de derechos humanos, entablaron una demanda contra esta ley, que se resolvió este viernes con el fallo del juez Hinkle.

"La decisión del tribunal es clara: el derecho a votar no puede ser negado a nadie en base a su incapacidad de pago", dijo Micah Kubic, director ejecutivo del capítulo de Florida de ACLU, la mayor ONG de defensa de derechos humanos del país.

"El estado debe crear un proceso claro y sin trabas que brinde a los ciudadanos retornados de Florida la posibilidad de votar. Es una victoria importante para nuestra democracia", añadió Kubic.

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