Una decena de diputados filipinos, sancionados por oponerse a la pena de muerte
El partido del presidente filipino, Rodrigo Duterte, sancionó a una decena de diputados que habían votado en contra de la restauración de la pena de muerte, un castigo que la oposición interpretó como una muestra de la “deriva autoritaria” del mandatario.
La expresidenta Gloria Arroyo fue destituida el miércoles de la vicepresidencia de la Cámara de Representantes y otros 11 parlamentarios perdieron sus puestos de responsabilidad dentro de varias comisiones, en virtud de una decisión calificada de “purga” por algunos medios locales.
La campaña de Rodrigo Duterte para restablecer la pena de muerte en el archipiélago superó un importante obstáculo ante el Congreso a principios de mes, con la votación en segunda lectura de un proyecto de ley en este sentido.
El presidente de la Cámara de Representantes, Pantaleon Álvarez, amenazó con sancionar a aquellos parlamentarios que votaran en contra del texto, explicando que el restablecimiento de la pena capital era un compromiso de campaña de Duterte que todo diputado debe apoyar.
La pena de muerte fue abolida en 2006 bajo la presidencia de Arroyo.
“Expulsar a los partidarios del ‘no’ de los puestos de responsabilidad en la Cámara de Representantes ilustra la intolerancia del Gobierno hacia toda forma de disidencia, lo que es un indicador de una peligrosa deriva autoritaria”, consideró el Partido Liberal este jueves en un comunicado.
Esta formación de la oposición recordó el arresto, el mes pasado, de la senadora y exministra de Justicia Leila de Lima, una de las adversarias más tenaces contra la sangrienta “guerra contra la droga” del presidente filipino.
Este último espera que en mayo quede restaurada la pena de muerte, que ve como un instrumento crucial para su guerra contra el narcotráfico.
Desde que asumiera el cargo a finales de junio, la policía ha anunciado haber matado, en legítima defensa, a más de 2.500 traficantes o toxicómanos, mientra que unas 4.500 personas han sido asesinadas en circunstancias poco claras.
Defensores de los derechos humanos acusan al Gobierno filipino de presidir una campaña de abusos generalizados, mientras que Amnistía Internacional juzga que estas muertes podrían ser consideradas como crímenes contra la humanidad.
Aquellos que se oponen a la pena capital destacaron que la corrupción del sistema judicial filipino desembocará, necesariamente, en la ejecución de inocentes.
