Una oenegé denuncia a Italia ante la ONU por un migrante obligado a desembarcar en Libia
Una oenegé denunció este miércoles a Italia ante un comité de la ONU en el caso de un migrante sursudanés que tuvo que desembarcar a la fuerza en Libia tras haber sido rescatado en el Mediterráneo por un carguero.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, formado por 18 expertos y que depende del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, no tiene capacidad de coacción con los Estados y solo emite su opinión.
Sin embargo es la primera vez que se presenta una denuncia de este tipo ante la instancia, indicó en un comunicado la oenegé jurídica Global Legal Action Network (GLAN), responsable de la iniciativa.
La organización denuncia las “expulsiones privatizadas con las que los estados costeros de la UE piden a los cargueros que entreguen a los refugiados y a otros personas que necesitan protección a lugares poco seguros, violando sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
El sursudanés, que ahora vive en Malta, donde pidió asilo, intentó llegar a Europa en noviembre de 2018 junto a un centenar de migrantes.
El joven, que entonces tenía 19 años, fue rescatado el 8 de noviembre junto a los demás frente a las costas de Libia por un carguero con bandera panameña, el “Nivin”.
Según la oenegé GLAN, el Centro de Coordinación de Socorro Marítimo (MRCC) de Italia pidió el 7 de noviembre al “Nivin” que socorriera a los migrantes y que luego los entregara a los guardacostas libios.
A su llegada al puerto de Misrata, una ciudad del oeste de Libia, el 10 de noviembre, casi todos los migrantes se negaron a salir del barco por temor a malos tratos.
Los aproximadamente 80 que se quedaron a bordo fueron expulsados a la fuerza unos diez días después a pesar de los esfuerzos de mediación de la ONU.
Según GLAN, los migrantes fueron “evacuados con violencia del navío por las fuerzas de seguridad libias”.
El sursudanés resultó herido de un disparo en la pierna y luego “detenido arbitrariamente, interrogado, golpeado, sometido al trabajo forzado y privado de tratamiento [médico] durante meses”, segun GLAN.
En octubre, Italia decidió renovar un polémico acuerdo de 2017 con Libia según el cual, con el apoyo de la Unión Europea, el país norafricano recibe apoyo financiero y formación para sus guardacostas a cambio de evitar las salidas de migrantes hacia Europa desde su territorio.
Según GLAN, estas “expulsiones privatizadas” aumentaron considerablemente desde junio de 2018.
“Las autoridades italianas subcontrataron sus violaciones de los derechos humanos a actores privados para evitar cualquier responsabilidad. Sin embargo Italia tiene la responsabilidad de estas violaciones de los derechos humanos”, afirma Noemi Maguglianin, una investigadora jurídica de GLAN.
