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Bruselas impuso recientemente una multa de 2.424 millones de euros al gigante estadounidense Google por favorecer a su comparador de precios en sus sistema de búsqueda en línea

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Una importante batalla se gesta en Bruselas sobre una propuesta que podría obligar a los agregadores de noticias en internet, como Google News, a pagar a diarios por mostrar fragmentos de sus artículos en la red.

La Comisión Europea puso sobre la mesa el 14 de septiembre de 2016 este proyecto, que instauraría un "derecho afín" complementario al derecho de autor de los periodistas, en el marco de una reforma más amplia del 'copyright'.

El gigante estadounidense Google, al que Bruselas impuso recientemente una multa de 2.424 millones de euros por favorecer a su comparador de precios en sus sistema de búsqueda en línea, está furioso con la idea.

Este plan convence sin embargo a los principales editores europeos, como el alemán Axel Springer o el británico Newscorp, que ven la tasa como una manera de salvar el sector de la prensa.

La llegada de internet ha perjudicado el modelo económico tradicional de la prensa escrita, con los editores viendo caer sus ventas de diarios y revistas, así como los ingresos publicitarios.

Además, "el uso no autorizado de contenidos mediáticos por parte de los buscadores y agregadores amenaza el acceso de los ciudadanos a una información de calidad", apunta la Alianza Europea de Agencias de Prensa (EANA).

Este grupo, al que pertenece la Agence France-Presse (AFP), califica este hecho de "preocupante" en un momento en que "las 'fake news' [noticias falsas] y la desinformación" pueden influir en unas elecciones.

- En 2017, "difícil" -

Los detractores del derecho afín, como la industria digital, los defensores de las libertades fundamentales y los consumidores advierten, por su parte, del impacto negativo en los agregadores y buscadores más pequeños, si se obliga a pagar por todos los enlaces.

Algunos países europeos, como Alemania o España, ya intentaron poner orden antes de la propuesta del ejecutivo comunitario de 2016, aunque sin encontrar una solución milagrosa.

España creó una "tasa Google", conocida también como canon AEDE por el acrónimo de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, que condujo a Google a cerrar su servicio de Google News en 2014.

En base a estos ejemplos, la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA), entre cuyos miembros figuran Google y Yahoo, calificaron la idea de "controvertida y perjudicial para todos los actores".

Para su entrada en vigor, el Consejo de la UE, que representa a los 28 países del bloque, y la Eurocámara deben todavía aprobar o modificar la propuesta de derecho afín de la Comisión. Y, en este punto, la cuestión se complica.

"En el Consejo, hay una división entre los países. Algunos quieren los derechos afines, otros son escépticos. No es seguro que se pueda alcanzar un compromiso rápidamente", reconoce una fuente de Estonia.

Este país báltico, puntero digitalmente, ha hecho de este sector una de sus prioridades para la presidencia 'pro tempore' del bloque que ejerce desde este mes hasta fin de 2017. "Parece difícil alcanzar un acuerdo este año", agrega.

- Un recorrido complejo -

En el Consejo de la UE, el proyecto debe contar con la aprobación del 55% de los países miembros representando al menos el 65% de su población.

Francia, España, Alemania y Portugal serían favorables al derecho afín, según otra fuente en Bruselas, mientras que los contrarios serían Irlanda y Reino Unido, generalmente reticentes a nuevas tasas, así como Finlandia.

El asunto avanza en cambio en la Eurocámara, donde tres comisiones ya dieron su opinión favorable, y la de Asuntos Jurídicos, la más importante en este caso, debe pronunciarse el 10 de octubre.

"Soy optimista respecto a un voto positivo", declaró a la AFP el eurodiputado conservador Marc Joulaud, para quien el pleno de la Eurocámara podría tener lugar en diciembre o enero del próximo año.

A continuación, los representantes de ambas instituciones, junto a los de la Comisión, podrían iniciar en la primavera o verano boreal de 2018 las negociaciones para acordar el texto final, "si el Consejo hace su trabajo", apunta.

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AFP