Álvaro Uribe, el expresidente y político más popular de este siglo en Colombia, fue interrogado este martes por el máximo tribunal, que ahora deberá definir si lo llama a juicio por manipulación de testigos.

Fue la primera vez que un expresidente colombiano respondía en indagatoria ante la Corte Suprema. El interrogatorio -al que asistió sin medida de captura- se cumplió a puerta cerrada durante siete horas en el tribunal que juzga a los aforados.

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada, ingresó a la diligencia fuertemente escoltado. A las afueras del Palacio de Justicia se congregaron simpatizantes y opositores.

"Procedí a defender mi lealtad a la verdad", dijo al finalizar la audiencia. Me señalan "contra toda lógica de manipular testigos".

El peso político y popularidad del también senador Uribe -jefe del partido en el poder y mentor del actual mandatario Iván Duque- hacen que su caso trascienda el ámbito jurídico y más cuando restan días para las elecciones locales del 27 de octubre.

De 67 años, el exmandatario derechista enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que podría llevarlo a juicio por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y castigados con unos ocho años de cárcel.

Duque lo defendió este martes: "Yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad".

Colombia entra así en una tendencia que ha marcado a Latinoamérica: expresidentes populares investigados o enjuiciados tras dejar el poder y cuyos casos se convierten en terremotos políticos.

Ocurrió con Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú o Ricardo Martinelli en Panamá.

- Expectativa -

Ahora los jueces que escucharon al exgobernante, que ha dudado de su imparcialidad, deberán determinar si lo inculpan o lo liberan de sospecha.

En el primer caso, enfrentaría un llamado a juicio y pueden incluso ordenar su detención para evitar que huya o interfiera en el proceso. Cualquier decisión tardará días en conocerse.

"Pienso que se va a fallar en Derecho y el presidente Uribe no va a tener problemas", dijo Fabio Palacios.

Como este abogado de 60 años cientos de personas marcharon en defensa del expresidente, muchos alegando una "persecución" en su contra. Los opositores, en tanto, exigieron prisión para él.

"Ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados", afirmó Álvaro Fernando García, presidente de la Corte Suprema.

Para Jairo Libreros, de la Universidad Externado, Colombia vive "un momento difícil".

El analista dijo a AFP que "el nivel de polarización del país ha llevado a que muchos colombianos tomen posturas de apoyo o de rechazo al senador única y exclusivamente atendiendo cuestiones emocionales o de identidad ideológica, y dejan en segundo lugar el tema jurídico".

Opositor del proceso de paz con la exguerrilla FARC, Uribe no solo es el jefe del Centro Democrático (en el poder desde agosto de 2018), también fue el senador más votado y hoy es protagonista de la campaña para los comicios de alcaldes y gobernadores al lado de sus candidatos.

Aunque su apoyo ha mermado, según sondeos.

- Bumerán -

El exmandatario -señalado en varios frentes de vínculos con narcos y paramilitares- terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.

En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.

Uribe sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso- contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas.

Ambos bandos cometieron violaciones de derechos humanos en medio del conflicto que desde hace seis décadas desangra a Colombia, y que Uribe intentó sofocar sin éxito mediante una política de abierta confrontación.

Pero la corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar declaraciones que lo comprometen con paramilitares.

Además de este expediente, Uribe está vinculado a más investigaciones por presuntos delitos penales, aunque ninguna había avanzado como esta.

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