El Gobierno alternativo birmano acepta jurisdicción de CPI en caso rohinyás
Bangkok, 2 feb (EFE).- El Gobierno alternativo a la junta militar birmana, formado por políticos y activistas prodemocráticos, ha reconocido la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso sobre el presunto genocidio contra la minoría rohinyá.
“Birmania retira todas las objeciones preliminares a la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre genocidio”, anunció este miércoles en las redes sociales el portavoz del llamado Gobierno de Unidad Nacional (NUG, en sus siglas en inglés), Dr. Sasa.
En un comunicado fechado el 1 de febrero, el Gobierno alternativo explica que retira las objeciones a la jurisdicción de la corte en este caso que fueron elevadas por el anterior Ejecutivo de Aung San Suu Kyi, derrocado hace un año por los militares.
No está claro el peso jurídico de esta decisión, ya que la junta militar detenta el poder en Birmania (Myanmar), aunque otros países y la propia ONU se han resistido a reconocer oficialmente a los uniformados liderados por el general golpista Min Aung Hlaing.
“El NUG desea aclarar a los ciudadanos de Birmania y a la comunidad internacional que es el representante legítimo de Birmania ante la CPI en este caso”, precisó el NUG.
Sin embargo, el “Gobierno prodemocrático” reconoce que la corte ha estado comunicándose con diplomáticos birmanos bajo el control de la junta militar en Bruselas.
“Si la CPI reconoce a los militares, envalentonará a la junta a seguir y aumentar los crímenes atroces que comete a diario. También tememos que esto pueda perjudicar los esfuerzos para la rendición de cuentas por los crímenes de los líderes de la junta y otros responsables de crímenes atroces”, agrega el NUG.
La CPI tiene previsto celebrar varias vistas entre el 21 y 28 de febrero en La Haya (Países Bajos) para abordar las objeciones a la jurisdicción del caso, que comenzó en 2019 tras una denuncia de Gambia contra Birmania por violar presuntamente la Convención sobre el Genocidio.
La acusación se basa en las operaciones militares contra la población rohinyá en 2016 y 2017, que causó el éxodo a la vecina Bangladesh de más de 800.000 personas y que fueron calificadas en un informe de la ONU como una limpieza étnica con “intención genocida”.
En principio, el CPI no tiene jurisdicción en Birmania, que no es firmante del Estatuto de Roma que regula la corte, pero los jueces aceptaron el caso debido a que parte de los crímenes se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, que sí es firmante. EFE
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