Defensa de líderes ambientalistas salvadoreños apelarán resolución por asesinato en 1989
San Salvador, 11 abr (EFE).- La defensa de cinco lideres ambientalistas, acusados y procesados por supuestamente participar en el asesinato de una mujer en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), apelarán la resolución que envía a juicio a los señalados, según compartió este jueves a EFE el abogado Denis Muñoz. El abogado aseguró en una conversación telefónica que la defensa está “inconforme” con la resolución, por lo que presentará un recurso de apelación esperando que se “resuelva a favor”. Dijo que después de la lectura de la resolución, tras la audiencia preliminar que concluyó el miércoles, tienen cinco días hábiles para presentar el recurso, plazo que vence el próximo 17 de abril, aseguró. Adelantó que los líderes ambientalistas podrían enfrentar el juicio entre mayo o junio próximo, en caso que “la resolución de apertura a juicio no sea revocada”. Muñoz dijo el miércoles, tras conocer la resolución de la audiencia preliminar, que el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque decidió que el proceso avance por los cargos de asesinato y agrupaciones ilícitas, mientras que se desechó la acusación de privación de libertad. Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a la comunidad Santa Marta- fueron detenidos en enero de 2023. Por el hecho que se les acusa también es señalado el excomandante guerrillero y “uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz” de 1992 Eduardo Sancho, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos, según la Fiscalía General. Sobre la víctima, una mujer, no se ha proporcionado información por parte de la Fiscalía, ya que el caso tiene reserva judicial total. Los ambientalistas son residentes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas (norte), que fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos. Esta comunidad empujó la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohibida en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa. El 3 de abril pasado, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, señaló que daría seguimiento al fallo y que “el Estado debe retirar los cargos”. La organización internacional Front Line Defenders expresó la semana pasada su preocupación por, lo que considera, un “uso indebido de la ley penal” contra los líderes comunitarios. La organización, con su sede principal en Dublín (Irlanda), señaló que considera que este caso “constituye una forma de represalia a su labor de defensa del medioambiente y territorio comunitario, intentando así restringir su trabajo, especialmente en relación a su oposición a la minería”. EFE sa/rao/enb
