El fiscal de Costa Rica respeta decisión legislativa de mantener fuero a presidente Chaves

San José, 23 sep (EFE).- El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, expresó este martes su respeto a la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa de mantener el fuero al presidente del país, Rodrigo Chaves, y enfatizó en que la acción penal por manejo irregular de fondos continuará cuando el mandatario termine su administración.

«La Fiscalía General de la República respeta la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa en cuanto a la solicitud de levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República. Según la Constitución Política, corresponde únicamente a los señores diputados autorizar o denegar ese trámite», indicó el fiscal en un comunicado.

Díaz recalcó que «esto no significa que la investigación concluya ni que la acción penal se extinga» y que «la causa se mantendrá a la espera de que el señor Presidente no cuente con inmunidad y se pueda reanudar la investigación mediante el trámite ordinario».

Para que el fuero de Chaves se levantara se requería una mayoría calificada de votos, es decir 38 de los 57 diputados que integran el Legislativo, sin embargo, la votación efectuada el lunes terminó con 34 a favor de retirarlo y 21 en contra.

Esta fue la primera vez en la historia del país que el Congreso decide sobre el levantamiento de un fuero presidencial.

A lo largo de su mandato Chaves ha lanzado duras críticas al fiscal general y a los magistrados del Poder Judicial al igual que ha calificado en repetidas ocasiones el procedimiento de levantamiento del fuero como un «montaje», una «comedia», una «ópera bufa» y un «intento de golpe de Estado judicial».

La acusación de la Fiscalía señala la responsabilidad del presidente costarricense en un delito de concusión en la contratación, aparentemente a la medida, para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación para la Presidencia con 405.000 dólares donados por el BCIE.

El delito de concusión sanciona con penas de dos a ocho años de cárcel «al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial».

Según la acusación, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación, luego de sostener reuniones en la Casa Presidencial, y habría dado parte del dinero a Federico Cruz, asesor del presidente Chaves.

Bulgarelli alcanzó un acuerdo con la Fiscalía mediante el cual se suspende la persecución penal en su contra y se compromete a colaborar con el proceso penal. EFE

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