En Asia, las costureras de las marcas occidentales denuncian despidos y represión
Padma, una costurera india, ha confeccionado durante 10 años ropa para grandes marcas occidentales. Ahora la han despedido y acusa a su jefe de haber utilizado la crisis del coronavirus como pretexto para deshacerse de ella y “romper” el sindicato.
Miles de obreras sindicadas fueron despedidas en talleres de confección de Asia desde que empezó la pandemia, según organizaciones de defensa de los trabajadores, que instan a Zara, H&M y otros grupos occidentales a tomar cartas en el asunto.
Todas las mañanas, Padma se desplaza hasta la fábrica, Euro Clothing Company II, en Karnataka (sur de India), un estado en el que se produce el 20% de los productos textiles del país. Cada día, se sienta cerca de las máquinas de coser, paradas desde principios de junio, y permanece en silencio durante horas para protestar contra su despido.
En total, 1.200 trabajadoras perdieron su empleo y 900 de ellas estaban sindicadas.
“He sudado aquí durante años por 4,6 dólares diarios”, lamenta la obrera, encargada de supervisar los acabados de chaquetas, camisetas y pantalones antes de su envío a las tiendas del sueco H&M.
Su empleador, Gokaldas, posee más de 20 fábricas. Pero la suya es la única en la que la mayoría de los trabajadores estaban afiliados a un sindicato.
El jefe “rompió el sindicato, con el pretexto de la pandemia”, señaló Gautam Mody, secretario general del New Trade Union Initiative (NTUI), una central que representa a muchas organizaciones de trabajadores en India.
Al ser preguntada por la AFP, Gokaldas declinó hacer declaraciones.
H&M, por su parte, confirmó el cierre de la unidad y declaró estar “en diálogo estrecho con los sindicatos […] y el proveedor para ayudarlos a resolver el conflicto pacíficamente”.
– Enormes pérdidas –
Con la crisis sanitaria, numerosas marcas occidentales anularon miles de millones de dólares en pedidos o exigieron a sus proveedores, concentrados en China, India, Birmania, Bangladés o Camboya, que les rebajaran los precios.
El resultado es que muchos empleados del textil, mujeres procedentes de zonas rurales en su mayoría, se han quedado en la calle.
Solo en Bangladés, segundo exportador mundial de prêt-à-porter, más de 100.000 trabajadores perdieron su empleo y “más de la mitad” de ellos estaban implicados en organizaciones sindicales, según Rafiqul Islam Sujon, presidente del BGSSF, un sindicato especializado en el sector.
En Birmania, 298 trabajadores sindicados que fueron despedidos de una fábrica de Rangún escribieron al fundador de Zara, el español Amancio Ortega, sexta fortuna mundial con 55.000 millones de euros, según la revista Forbes.
“Un hombre con una fortuna así seguramente no necesita aprovecharse de la pandemia mundial para romper nuestros sindicatos”, defienden, suplicándole que intervenga, en un correo al que tuvo acceso la AFP.
– Cárcel –
Pero las grandes marcas se escudan en códigos de conducta elaborados, bajo la presión internacional, para dirigir las políticas de sus subcontratados.
Un portavoz de Inditex, propietario de Zara, indicó a la AFP que “prohíben expresamente cualquier discriminación contra los representantes de los trabajadores”, mientras que desde el británico Primark insistieron en que “todos los obreros tienen derecho a adherirse o formar sindicatos”.
Unas declaraciones “demasiado timoratas” por parte de las poderosas marcas frente a sus proveedores, consideró Scott Nova, director ejecutivo del Consorcio por los Derechos de los Trabajadores, quien defendió la solución de “romper toda colaboración si la violación perdura”.
Por su parte, los sindicatos se encuentran en una posición muy delicada, pues oponerse a los despidos puede conllevar penas de prisión.
El 31 de marzo, decenas de trabajadores sindicados fueron despeddos de la fábrica de marroquinería Superl en Camboya, donde se producen bolsos para marcas como Michael Kors, Tory Burch o Kate Spade.
Soy Sros, representante sindical, protestó en Facebook y dos días después la acusaron de difundir informaciones falsas y la arrestaron.
Pasó 55 días en prisión y aunque al final fue liberada, sigue estando acusada.
