Exjefes de guerra, enviados de la paz en el noreste de RD Congo
“Les pido que antepongan la paz. Yo pasé 15 años en prisión”, exhorta el exjefe de guerra Floribert Ndjabu a un grupo de milicianos cerca de Masumbuko, un pueblo remoto de la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC).
Junto a ellos, el general Germain Katanga, condenado por crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI) en 2014, se mantiene en guardia ante estos miembros de un grupo acusado de la masacre de cientos de civiles.
El general Katanga y Floribert Ndjabu, que salieron de prisión a principios de año, fueron enviados como emisarios de la paz por el presidente de RDC Félix Thsisekedi a Ituri, uno de los numerosos focos de violencia en el país y una región donde ellos mismos sembraron el terror en los años 2000.
Les acompaña una media docena de otros condenados, la mayoría de los cuales cumplió su pena.
Su misión: desarmar a los milicianos de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (Codeco), grupo político-militar que asegura defender a los lendu, una comunidad local, en su mayoría agricultores.
Los Codeco están acusados sobre todo de haber matado a cientos de civiles desde diciembre de 2017. “La gran mayoría de las víctimas fueron un blanco por pertenecer a la comunidad hema”, ganaderos y comerciantes, según la ONU que teme posibles “crímenes de lesa humanidad”.
– “Nuestro respeto, presidente” –
Para llegar hasta la tienda instalada para las discusiones, los enviados de paz se desplazaron desde la capital de Ituri, Bunia, al territorio de Djugu, epicentro de la violencia.
Al paso de su convoy, escoltado por el ejército congoleño, salen decenas de combatientes. Algunos llevan armas de todos los calibres, municiones, lanzas, cuchillos y amuletos.
Floribert Ndjabu, jefe de delegación, se acerca a ellos, se presenta y les ordena subir a un gran vehículo.
“Nuestro respeto, presidente”, responden los combatientes que ejecutan la orden, al reconocer que se encuentran ante el presidente del Frente Nacionalista e Integracionista (FNI), grupo político armado activo durante la “primera guerra de Ituri” entre 1999 y 2003.
Ndjabu fue procesado, aunque sin llegar a ser condenado, por haber ordenado el asesinato de nueve cascos azules bangladesíes en 2005.
Por la tarde, el convoy llega a su destino, el pueblo de Masumbuko.
Vestidos de civil o con uniforme militar, los milicianos desfilan con sus armas: lanzacohetes, metralletas, fusiles de asalto. Los habitantes, bastante indiferentes, los observan de lejos.
Una veintena de niños, aparentemente reclutados por los Codeco, caminan en procesión, vestidos de blanco.
– “Somos hermanos”-
Las discusiones comienzan al día siguiente, tras la lectura de versos bíblicos bajo un sol abrasador. “Asaltantes, escuchen la voz de Jesús”, cantan los milicianos.
Floribert Ndjabu va al centro del asunto: “El jefe del Estado nos ha enviado para sensibilizarlos con vistas a cesar las hostilidades”.
“Comprendo su frustración pero no van a poner el territorio patas arriba. Hay que dejar al Estado y las autoridades hacer su trabajo”, añade Germain Katanga.
Un jefe religioso de la milicia Codeco replica: “Luchamos contra el ejército y la policía congoleños [para denunciar] las detenciones y encarcelamientos arbitrarios de los nuestros”, lanza el pastor Ngadjole Ngabu.
Además acusa a los hema de estar confabulados “con los militares” en la busca y captura de los combatientes lendu.
“Olviden que los hema son sus enemigos o que son malos. Soy lendu como ustedes, pero pasé la noche con los hema. Somos hermanos”, reacciona Floribet Ndjabu.
La discusión se termina con acuerdo: “En cuanto el jefe del Estado responda a sus [peticiones] de integración en el ejército o la policía, todo irá bien”, dice con optimismo Germain Katanga, vestido con su uniforme de general del ejército congoleño.
Desde la llegada de los emisarios, enviados por el presidente Tshisekedi, la violencia se redujo sensiblemente, de acuerdo con los testimonios recogidos por la AFP en varias localidades de Ituri.
Según la ONU, más de un millar de civiles fueron masacrados desde diciembre de 2017. Civiles lendu afirman igualmente que fueron víctimas de represalias del ejército.
