HRW reclama a Siria «que se haga justicia» por la matanza de más de 1.400 alauíes en marzo

El Cairo, 23 sep (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) reclamó este martes a Siria «que se haga justicia» por las masacres ocurridas en marzo, cuando al menos 1.400 civiles de la minoría alauí fueron ejecutados durante redadas de las fuerzas de seguridad sirias y grupos armados aliados en la costa mediterránea.

«El reconocimiento de las atrocidades por parte del gobierno (sirio) es un paso adelante, pero no garantiza justicia para los altos funcionarios que las permitieron o no las detuvieron», dijo la investigadora principal sobre Siria de HRW en un informe difundido por la ONG.

Advirtió que «no exigir responsabilidades a los comandantes y funcionarios responsables del despliegue y la dirección de fuerzas abusivas deja la puerta abierta a nuevas represalias y atrocidades en Siria».

El informe «¿Eres alauita?”, elaborado por HRW en colaboración con las ONG locales Sirios por la Verdad y la Justicia y Archivo Sirio, describe una «campaña coordinada de abusos” en las provincias de Latakia, Tartús y Hama, donde se documentaron ejecuciones sumarias, saqueos, incendios de viviendas y entierros en fosas comunes.

«La pregunta no es sólo quién dio las órdenes, o si las dio, sino por qué nadie al mando pudo frenar las matanzas y los saqueos generalizados. Eso es un fracaso de liderazgo y de voluntad”, denunció en un comunicado de HRW el cofundador de la ONG Sirios por la Verdad y la Justicia, Bassam al Ahmed.

Los ataques comenzaron a inicios de marzo, cuando facciones leales al derrocado presidente Bachar al Asad lanzaron una ofensiva contra objetivos en Tartus y Latakia. En la respuesta de las fuerzas de seguridad se denunció una «masacre» contra los civiles alauíes, la comunidad a la que pertenecía el exmandatario.

El documento advierte además que la falta de medidas para frenar las atrocidades contra la comunidad alauí, pese a la «avalancha de pruebas que se estaban publicando al instante», apunta a que se trató de una operación bajo la supervisión del Ministerio de Defensa transicional sirio, lo que implica responsabilidad de altos mandos militares y autoridades civiles.

Supervivientes contaron que los atacantes interrogaban a los residentes sobre su filiación sectaria antes de decidir si les perdonaban o ejecutaban, repitiendo la misma pregunta: «¿Eres alauí?», según el informe.

Como ejemplo, destaca que en el pueblo de Brabshbo, en Latakia, al menos 43 personas fueron asesinadas en una sola tarde, y una vecina relató que hombres armados entraron en su casa el 8 de marzo, preguntaron si eran alauíes y, al confirmarlo, «sacaron a su marido y lo mataron en la puerta».

La magnitud de los abusos llevó a la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria a concluir en agosto que los hechos «probablemente constituyen crímenes de guerra», al incluir asesinatos, torturas, saqueos y destrucción deliberada de propiedades civiles.

Estas masacres tuvieron lugar tres meses después del derrocamiento de Al Asad, en diciembre de 2024, que puso fin a más de medio siglo de su familia en el poder y abrió un incierto proceso de transición política.

En julio, nuevas denuncias acusaron a las fuerzas de seguridad del nuevo Gobierno sirio de cometer ejecuciones extrajudiciales durante otra escalada con la minoría drusa en la provincia meridional de Al Sueida.

La publicación del informe coincide con la inminente comparecencia, mañana miércoles, del presidente transicional de Siria, Ahmed al Sharaa, ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Esta será la primera vez desde 1967 que un jefe de Estado sirio intervenga en el plenario. EFE

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