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Italia prohibirá las “puertas giratorias” de jueces en la política

Roma, 11 feb (EFE).- El Gobierno italiano aprobó hoy una reforma del Consejo Superior del Poder Judicial (CSM) que, entre otras cosas, prohibirá a los jueces que decidan entrar en política o ejercer cargos de gobierno volver a la magistratura por un tiempo.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, explicó en rueda de prensa que el texto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros por unanimidad de su coalición, que desde hace un año integra a todos los partidos del Parlamento excepto los ultraderechistas de Hermanos de Italia.

Los ministros de cada partido se han comprometido a tramitar la reforma “de forma prioritaria” en el Parlamento, señaló Draghi.

El texto es uno de los tres puntos de una reforma judicial mucho más amplia, impulsada por la ministra de Justicia, Marta Cartabia, y que Italia quiere aprobar cuanto antes para obtener la financiación de la Unión Europea (UE), que pide una reforma urgente del sistema.

La ministra confirmó en rueda de prensa que la prohibición de volver a vestir la toga afectará a los jueces que entren en política, ya sea mediante elecciones o como “técnicos”, es decir, encargados por un determinado gobierno o institución, aunque con matices.

“Los magistrados que entran en política por vía electoral o por vía de encargo, después no pueden volver a desempeñar funciones jurisdiccionales”, indicó, si bien en el caso de los “técnicos” la prohibición solo se aplicará si están en política más de un año.

No obstante, el Parlamento podrá limar los detalles de esta y otras disposiciones durante su tramitación, avisó Cartabia.

El texto de la reforma no ha sido todavía divulgado. pero fuentes gubernamentales sostienen que la prohibición será “durante un determinado periodo de tiempo”, aún por aclarar.

“La reforma se la debíamos a los muchos magistrados que trabajan silenciosamente cada día y también a los ciudadanos, que tienen derecho a recuperar la plena confianza en la magistratura”, defendió Cartabia durante la rueda de prensa.

La aprobación, explicó la ministra, era “ineludible” en primer lugar porque en julio el expira el cargo de los jueces del Consejo Superior del Poder Judicial y deberán celebrar elecciones para renovarse.

El Consejo, salpicado por completo por un escándalo de corrupción iniciado por el exfiscal Luca Palamara, es de órgano constitucional de autogobierno de la magistratura italiana y se compone de un total de 27 miembros, entre ellos su presidente, que es el presidente de la República.

Dieciséis de sus miembros son elegidos por los propios jueces, los llamados “toga”, mientras que los otros ocho son designados por el Parlamento en sesión conjunta entre profesores de Derecho, abogados y otros profesionales del ramo, conocidos como “laicos”.

La reforma del poder judicial italiano es esperada desde hace años y reclamada por la Unión Europea para poder seguir recibiendo los fondos del Plan de Recuperación de la pandemia. El pasado agosto se aprobó otra parte que abrevia los procesos judiciales. EFE

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