Jueces de CPI apoyan a sus colegas sancionados por EE. UU. y defienden su independencia

La Haya, 12 jun (EFE).- Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) expresaron este jueves su “apoyo y solidaridad” con sus cuatro colegas sancionados por Estados Unidos por participar en casos relacionados con crímenes en Palestina y Afganistán, y recordaron que “toman decisiones basadas en hechos” y “sin someterse a restricción o influencia indebida” alguna.

En un comunicado, advirtieron de que “se mantienen unidos y continuarán ejerciendo sus funciones con independencia, imparcialidad y responsabilidad, cumpliendo con las exigencias del Estado de derecho”, en respuesta a las sanciones anunciadas la semana pasada por la Administración de Donald Trump.

“Los jueces de la Corte recuerdan que toman decisiones basadas en los hechos y de conformidad con la ley, sin someterse a ninguna restricción, influencia indebida, incentivo, presión, amenaza o injerencia, directa o indirecta, de ninguna parte ni por ningún motivo. Reafirman que todos son iguales en el ejercicio de sus funciones y que siempre defenderán el principio de igualdad ante la ley”, subrayaron.

Además, expresan su “apoyo y solidaridad” con sus colegas y señalaron su “plena confianza” en que la Asamblea de Estados Partes, el órgano legislativo de la CPI, “reaccionará de manera adecuada y adoptará todas las medidas necesarias para defender” a la Corte y a sus funcionarios.

Estados Unidos sancionó a Solomy Balungi Bossa (Uganda); Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú); Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benín); y Beti Hohler (Eslovenia), que se sumaron a una lista que ya contenía al fiscal Karim Khan, sancionado por Trump por la investigación que afecta a Israel por crímenes de guerra en Gaza.

Dos de las jueces -Benín y Eslovenia- participaron en el panel que autorizó en noviembre las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant.

Mientras que las otras dos -Uganda y Perú- fueron parte de la Sala que tomó decisiones en 2020 sobre la investigación de presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán.

Este tipo de sanciones obliga a los estadounidenses -lo que incluiría filiales en Europa de bancos, seguros y sistemas informáticos estadounidenses- a no cooperar con las personas o instituciones sancionadas, o sufrirán acciones penales. Entre otras consecuencias, también deja sin acceso los correos electrónicos o las cuentas bancarias si usan sistemas vinculados a Estados Unidos.

La Asamblea rechazó “firme y categóricamente” las sanciones y advirtió de que representan una “amenaza” y un “atentado contra la independencia” de la institución.

El ministro neerlandés en funciones para Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, se reunió ayer con autoridades de la CPI y subrayó que Países Bajos se “toma muy en serio su responsabilidad como Estado anfitrión” de la Corte, situada en la ciudad neerlandesa de La Haya, y prometió hacer “todo lo posible para garantizar que la Corte pueda seguir funcionando con la menor interferencia posible”.

Solo Rusia emitió represalias similares a las estadounidenses, después de la emisión de órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por la deportación de niños ucranianos a Rusia.

Moscú declaró en busca y captura a Khan, y a los jueces vinculados a las órdenes de arresto contra Rusia: Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez. EFE

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