La Adminsitración Trump impone nuevas sanciones a Brasil, que avisa que «no se doblegará»

Brasilia/Washington, 22 sep (EFE).- El Gobierno de Donald Trump arremetió este lunes con nuevas sanciones contra Brasil, que avisó que tales «injerencias» no lograrán su objetivo de «beneficiar» a los condenados por golpismo, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro.

La crisis diplomática entre ambos países sumó un nuevo capítulo después de que la Administración Trump sancionara a la esposa del juez del Supremo Alexandre de Moraes, instructor del juicio por el que Bolsonaro fue condenado a veintisiete años de prisión.

Como ya hizo con el propio magistrado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. encuadró a su esposa, Viviane Barci, en la Ley Magnitsky, que la potencia norteamericana aplica a personas acusadas de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos.

A partir de ahora, De Moraes y su esposa tendrán congelados los posibles bienes que posean en suelo estadounidense y enfrentarán restricciones financieras.

«Estas sanciones se suman a una serie de medidas para responsabilizar a Moraes por abusar de su autoridad, crear un sistema de censura, atacar descaradamente a opositores políticos y cometer graves violaciones de derechos humanos», afirmó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en una nota.

Rubio concluyó su declaración con un aviso: «Quienes protegen y facilitan a actores extranjeros malignos como Moraes amenazan los intereses de EE.UU. y también serán responsabilizados».

También este lunes, el abogado del Estado brasileño, Jorge Messias, confirmó que el Gobierno Trump le suspendió el visado para ingresar a Estados Unidos.

Fuentes del Gobierno brasileño consultadas por EFE enmarcaron esa decisión en el paquete de represalias adoptadas por EE.UU. tras el proceso por golpismo contra Bolsonaro, aliado del mandatario republicano y en prisión domiciliaria desde agosto pasado.

El 11 de septiembre, el líder ultraderechista brasileño fue condenado a veintisiete años y tres meses de cárcel por «liderar» una trama golpista junto con algunos de sus exministros y oficiales militares, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

La fase final del juicio a Bolsonaro y sus aliados estuvo marcada por las presiones de Trump para archivarlo y defender así a su aliado, al que define como «un buen hombre» víctima de una «caza de brujas».

El mandatario republicano ya había impuesto aranceles del 50 % a una parte significativa de los productos brasileños y revocó el visado de varias autoridades del país suramericano.

Antes del abogado del Estado, la Administración Trump había aplicado restricciones de la misma naturaleza a varios jueces del Supremo; al fiscal general, Paulo Gonet, y a otros dos miembros del Ejecutivo de Lula: los ministros Ricardo Lewandowski (Justicia) y Alexandre Padilha (Salud).

La respuesta oficial de Brasil no se hizo esperar. La Cancillería expresó en una nota su «profunda indignación» por las últimas sanciones, que definió como un «nuevo intento de injerencia indebida» basado en «falsedades».

El comunicado de la cancillería resaltó que usar la Ley Magnitsky es «una ofensa» a los 201 años de amistad entre ambos países y supone desvirtuar el espíritu de ese dispositivo, «como ya lo expresó recientemente uno de sus coautores, el diputado James McGovern».

«Este nuevo ataque a la soberanía brasileña no logrará su objetivo de beneficiar a quienes lideraron el fallido intento de golpe de Estado (…) Brasil no se doblegará ante esta nueva agresión», añadió la nota.

La Corte Suprema brasileña tildó de «injusta» la sanción a la esposa de De Moraes y reafirmó que el juicio a Bolsonaro «respetó el debido proceso legal y el amplio derecho de defensa, con total transparencia».

La Justicia sigue su curso

En paralelo a esta escalada de tensión, la Fiscalía brasileña presentó este lunes ante el Supremo una denuncia penal contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exgobernante, por intentar coaccionar a la Justicia.

Según el Ministerio Público, el congresista, quien se encuentra en EE.UU. desde marzo, intentó interferir en el juicio por golpismo contra su padre al incentivar al Gobierno de Trump a sancionar a Brasil.

La Policía Federal también presentó en su momento cargos contra el expresidente Bolsonaro, pero la Fiscalía, por ahora, ha decidido no incluirlo en la querella.

El que sí fue acusado, junto a Eduardo Bolsonaro, fue el bloguero Paulo Figueiredo, nieto del fallecido general João Figueiredo, el último presidente del régimen militar brasileño (1964-1985), por apoyar esas gestiones para presionar al Supremo.

Todo esto sucede mientras el partido de Bolsonaro promueve en el Parlamento una amnistía para los condenados por golpismo y el presidente Lula está en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. EFE

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