La OEA respalda a Argentina en su batalla legal con los fondos especulativos

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, llega a la reunión de la OEA el 3 de julio de 2014 en Washington afp_tickers

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron el jueves una declaración de respaldo a Argentina para que logre un acuerdo «justo, equitativo y legal» con los fondos especulativos que cuentan con bonos en ‘default’ del año 2001.

Impulsada por Uruguay y Brasil, la declaración fue aprobada por aclamación durante la 28ª reunión de titulares de Exteriores del organismo regional, aunque Canadá decidió abstenerse y Estados Unidos adelantó que utilizaría una nota a pie de página explicando que no puede apoyar el texto porque la cuestión es objeto de acción de un tribunal estadounidense.

El documento declara el «respaldo a la república Argentina» para que «pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos como lo viene haciendo, y logre un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales» con la totalidad de sus acreedores.

El texto, un fuerte apoyo político, pero sin efectos legales, considera esencial «garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, sean respetados».

Finalmente, la OEA deja explícito su «pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración» de la deuda argentina.

Convocada el lunes con carácter de emergencia por el representante alterno de Argentina en la OEA, asistieron a la reunión once ministros de los 34 países miembros del organismo.

El ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, hizo una extensa y detallada presentación ante sus homólogos de Exteriores y pidió «soluciones urgentes», ya que el país tiene por delante la posibilidad real de un nuevo ‘default’. «Son necesarias soluciones urgentes, no apenas pronunciamientos. Necesitamos que los organismos internacionales actúen», dijo.

El ministro afirmó que Argentina pidió esta reunión, «no por una cuestión de protagonismo». «Hay un problema de plazos, estamos en un momento en que Argentina tiene 28 días para evitar un ‘default'», sostuvo.

Para Kicillof, «esto es desquiciado, porque Argentina tiene los recursos para pagar» a los acreedores de su deuda reestructurada en 2005 y 2010. «Hemos venido a la OEA a explicar esto, pero también a urgir al sistema multilateral, a que las organizaciones que hemos creado actúen», expresó.

– Señal de alerta –

En la apertura de los trabajos, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pronunció un duro discurso en el que alertó de que la acción de grupos especulativos «no sólo amenaza la estabilidad financiera» argentina, sino que también «daña gravemente» otros procesos similares de reestructuación de deuda soberana. A esos grupos especulativos, dijo Insulza, «se les llama ‘fondos buitre’, no de manera peyorativa, sino ajustada a la verdad: merodean incansablemente por la economía global buscando sus partes débiles».

En tanto, el ministro de Exteriores brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, señaló que «el precedente argentino debe servir como una señal de alerta. Brasil se preocupa con el impacto futuro de este precedente, en especial en nuestra región».

Por su parte, la subsecretaria de Estado estadounidense para América Latina, Roberta Jacobson, defendió el rechazo de su país a la resolución, alegando que «la cuestión se encuentra en el poder judicial, un brazo independiente del gobierno».

El fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que ordena a Argentina pagar al mismo tiempo a tenedores de bonos de su deuda reestructurada y a fondos especulativos que no participaron de las operaciones de canje, empuja al país en dirección a un nuevo ‘default’, de acuerdo con Buenos Aires.

Argentina depositó el pasado jueves dinero para pagar bonos reestructurados que tenían fecha de vencimiento el 30 de junio, pero Griesa bloqueó las transferencias. Si el cobro no se produce antes de que venza el plazo de gracia el próximo 30 de julio, Argentina corre el riesgo de ingresar en una nueva cesación de pagos.