Otra forma de acabar con las drogas y el sufrimiento de los más vulnerables
Macarena Soto
Madrid, 3 dic (EFE).- América Latina lleva décadas de lucha contra las drogas, entre las más sangrantes las de Colombia y México, pero todos los países sufren las consecuencias de sus efectos y de la persecución que se hace de ellas, que, según varias organizaciones, debería “reorientarse” para ofrecer una solución más eficaz.
“Hay que reenfocar las acciones, crear un equilibrio para contener la oferta y también la demanda”, cuenta a EFE la presidenta de la Red Iberoamericana de ONG que Trabajan en Drogas y Adicciones (Riod), Margarita Sánchez.
Sánchez participó esta semana en Madrid en la presentación de la guía “Justicia y Drogas. Penalización del consumo y tráfico de drogas. Experiencias de trabajo, alternativas y recomendaciones desde el tercer sector” que elaboró su organización.
“Llevamos 24 años con la idea de crear una red de cooperación en América Latina con España, no solo para fortalecer a las instituciones en prevención, inserción o tratamiento, sino también para hacer incidencia política en temas que son prioridad en la región”, explica.
La colombiana echa la vista atrás y recuerda que América Latina lleva “40 años de legislaciones de drogas centradas en la prohibición”, con “la mayoría de los recursos de los países centrados en el control de la oferta”, y que, a pesar de ello, no se han logrado los mejores resultados.
En esa línea, alude al año 2012, cuando varios países de la región, como “Colombia o Guatemala”, pidieron hacer “revisión de la legislación porque se apreciaba que la oferta aumentaba cada vez más y el consumo se había incrementado”.
La legislación, que apenas ha cambiado, según demanda, “no servía ni para lo uno ni para lo otro”.
CENTRARSE EN EL CONSUMO Y NO SOLO EN LA OFERTA
Sánchez insiste en que los países deberían empezar “a mirar” más a la demanda para generar sus políticas públicas, porque “una persona que consume droga no es solo que se haga daño biológico, sino que hay temas que le acompañan, como la educación, las desigualdades o la falta de oportunidades”.
“Cuando intervienes, eso no puedes dejarlo de lado”, subraya, antes de pedir que las políticas y estrategias de los países “respondan a la raíz del problema”.
Es algo que también solicita Giselle Amador, exministra de Salud de Costa Rica y miembro de la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad, quien asegura que “hay que fortalecer los aspectos de la salud para evitar tanto daño asociado más a las políticas que a las drogas”.
Apunta a que “uno de los errores más grandes que se tienen en América Latina es pensar que las drogas se van a eliminar con una guerra”: “se hace difícil (pensar que va a funcionar), tenemos 50 años de guerra y no hemos logrado nada, absolutamente nada”.
PENAS JUSTAS PARA LOS MICRO VENDEDORES
La costarricense resalta que son los “pequeños productores, sembradores y agricultores de cannabis, que es lo que más se busca porque es lo más fácil, los que terminan en las cárceles”.
“Hace que terminen las cárceles hacinadas, violando los derechos de las personas, tienen que cambiar las políticas y fijarse en la salud y los Derechos Humanos” con legislaciones “con enfoque de salud pública que trascienda los temas sanitarios, porque hay también determinantes sociales”, asevera.
Amador critica que “el problema del consumo en muchos lados esté judicializado”: “los pequeños consumidores y vendedores son los que están en la cárcel y, en lugar de llevarlos a centros de desintoxicación, se les mete a la cárcel”.
Así, puntualiza que estos consumidores “normalmente” venden “cantidades mínimas para salir adelante y consumir ellos también”.
Señala que estas políticas, además de afectar a los presos, ponen en duros aprietos a sus familias, y recuerda que quienes sirven de apoyo a los presidiarios son casi siempre mujeres.
“El 98% de las que vamos a la cárcel somos mujeres y por eso hemos decidido juntarnos, cada país tenía una pequeña organización que ayuda a las mujeres, porque uno conoce las filas donde va a dejar comida, medicamento, donde uno llega y la mayoría son mamás, esposa, tías, hermanas, compañeras, somos mujeres”, añade.
A pesar de que el paso de las décadas no ha traído cambios significativos en las leyes, Amador pone de ejemplo países como Portugal, que “ha logrado reducir la gente en la cárcel y disminuir el consumo”.
“Lo que proponemos es cambiar las políticas hacia una visión de que la inteligencia policial se dedique a buscar a los grandes y su dinero y que los pequeños productores, que muchas veces lo son por hambre y necesidad, se logren educar en un proceso adecuado y se les dé un tratamiento para que no tengan que vender”, comparte. EFE
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