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Latinoamérica unida VS ley europea "de la vergüenza"

En mayo pasado, durante la Cumbre de Lima, todo era entendimiento entre Latinoamérica y Europa.

(Keystone Archive)

En histórica concordancia, los pueblos del sur del Río Bravo se insurgen contra la normativa europea que pretende frenar la inmigración irregular con medidas que "criminalizan" a los expatriados. La OEA enviará una misión a dialogar con la Unión Europea.

En Suiza, donde rige una ley aún más restrictiva, entidades sociales se adhieren al repudio y advierten que la denominada 'directiva del retorno' sería atentatoria contra los derechos humanos.

"Europa no puede seguir emitiendo directivas sin tener en cuenta la situación en el mundo...", indica Manon Schick, de Amnistía Internacional (AI) Suiza, a swissinfo.

"... y la situación en el mundo es que hay mucha migración. Hay que tomar medidas, claro, pero no decidir como si Europa estuviera fuera del mundo, fuera de las razones que hacen que la gente tenga que salir de su país".

Para AI la 'directiva del retorno', aprobada por el Parlamento Europeo, el pasado 18 de junio, no garantiza una repatriación en condiciones de seguridad y dignidad.

Reunión extraordinaria de la OEA

Por su parte, y en sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó el jueves (26.06) enviar una misión a Europa para expresar su preocupación por esa normativa que afectará a ocho millones de inmigrantes, de los cuales casi dos millones del Nuevo Mundo.

Un comunicado emitido al término de la reunión, convocada a propuesta del presidente de Perú, Alan García, subraya la preocupación de los 34 Estados miembros respecto a las leyes adoptadas, "que pueden restringir los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes".

La embajadora de ese país andino ante Suiza, Elizabeth Astete, reiteró a swissinfo la posición de su país.

"Nos sentimos bastante decepcionados de que esto haya ocurrido poco tiempo después de la realización de la Cumbre Unión Europa - América Latina y El Caribe, que se realizó en Lima (en mayo pasado), y que ignore el compromiso que se asumió de abordar estos temas mediante el diálogo, la concertación y la búsqueda de soluciones conjuntas".

Base legal para expulsiones forzadas

"Esa directiva permite dar una base reglamentaria, inclusive legal, al conjunto de los países de la Unión Europea (UE), para detener, arrestar y expulsar luego de manera forzosa a los inmigrantes irregulares", puntualizó, por su parte, Bruno Clement, secretario central del sindicato suizo para los medios de comunicación, Comedia, en entrevista con swissinfo.

Recordó que hasta ahora, las políticas migratorias en Europa habían sido decididas de manera intergubernamental y lamentó que en esta ocasión, cuando el Parlamento Europeo tuvo la prerrogativa de pronunciarse sobre un texto reglamentario, lo hiciera para votar esa directiva.

"Eso refuerza el lado extremadamente crítico" de la normativa, apuntó el también coordinador de los grupos de 'Sin Papeles' en la Suiza francófona.

Tanto Bruno Clement como Manon Schick deploraron que el Parlamento Europeo aprobara la reglamentación que nos ocupa sin que la Corte de Justicia se hubiera pronunciado.

"Medida antihistórica"

"¡Decepción!" "¡Frustración!" "¡Injusticia!"... los despachos de prensa no cesan de traducir el desencanto generado por la directiva, cuyo objetivo es armonizar las políticas europeas respecto a los inmigrantes sin los documentos pertinentes, y que contempla la detención de éstos hasta por 18 meses.

"Consideramos que es una medida desmemoriada y antihistórica. No sólo que desconoce que todos los países de América Latina abrieron las puertas a los inmigrantes europeos, sino que el proceso de globalización, que a futuro incrementará las corrientes migratorias aún más, es causa de la migración", asentó el embajador de Ecuador, Jorge Marchán, a swissinfo.

El presidente de ese país sudamericano, Rafael Correa, calificó la 'directiva de retorno' de "directiva de la vergüenza", y amenazó con promover la suspensión de las negociaciones de la Comunidad Andina de Naciones (Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia) con la Unión Europea.

"¿De qué cooperación estamos hablando cuando se trata como criminales a los migrantes?", se preguntó.

Retorno, pero de inversiones: Chávez

Su voz fue una en medio de un coro de protestas: Fidel Castro se refirió al reciente levantamiento de sanciones de la Unión Europea contra Cuba de hipocresía; Evo Morales, de Bolivia, invitó a los países africanos a sumarse a la protesta; el mandatario venezolano, Hugo Chávez, amenazó con suspender las ventas de petróleo a Europa.

La avalancha de reproches comenzó el día mismo en que el Parlamento Europeo, con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, luego de tres años de negociaciones y desoyendo las propuestas de los Verdes y de la izquierda, que se oponían a la totalidad del texto, y las de los socialistas, que buscaban suavizarlo, aprobó la 'directiva de retorno'.

"De la misma manera en que los países europeos decidieron el retorno de nuestros inmigrantes sin papeles a sus lugares de origen, los países de América Latina podrán decidir el retorno de las inversiones europeas", sentenció Hugo Chávez.

En Suiza también se prepara la batalla

En el año 2006, y pese a los esfuerzos de un sinnúmero de entidades civiles, la derecha logró que el soberano aprobara en votación popular una nueva legislación que endurece la política suiza en materia de asilo y extranjería y la convierte en una de las más restrictivas del Viejo Mundo.

"En la directiva de la UE vemos la muy mala influencia que las decisiones suizas han tenido. Suiza sirvió un poco como proyecto piloto para esa directiva que permite poner en prisión a gentes que no han cometido delitos", comentó Bruno Clement.

Como futuro miembro de los acuerdos de Schengen (seguridad) y de Dublín (asilo), Suiza tendrá que modificar su legislación para adecuarla a la Unión Europea. Es decir, reducir el plazo máximo de detención a 18 meses e introducir las medidas necesarias para generalizar los procesos de recurso y suspender las repatriaciones no motivadas.

Dicho de otro modo, la normativa europea que generó un cataclismo en América Latina tendrá el efecto de suavizar la legislación suiza en el renglón. Sin embargo, las ONG helvéticas están muy lejos de echar las campanas al vuelo: "No podemos decir que sea genial", resumió el representante de Comedia.

De ahí que durante su próxima semana de acción (8.-15.09) en toda Suiza "sobre la condición de vida de los migrantes, sobre el hecho que los migrantes son una riqueza para el país de acogida, vamos a protestar también contra esta directiva de la vergüenza", concluyó Clement.

swissinfo, Marcela Águila Rubín

Contexto

La actual ley suiza en materia de asilo y extranjería fue aprobada por votación ciudadana en 2006.

Suprime la ayuda financiera de solidaridad social para los solicitantes de asilo rechazados.

Duplica el periodo máximo de detención (24 meses) para personas sin documentos de estancia legal en Suiza, previo a su expulsión.

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DIRECTIVA DE RETORNO

Promueve el principio de retorno voluntario. Los inmigrantes en situación irregular que reciban una orden de "retorno" tendrán entre 7 y 30 días para abandonar de forma "voluntaria" el país.

Transcurrido ese plazo, la autoridad judicial podrá decidir trasladarlos a centros de retención, donde permanecerán un periodo máximo de seis meses, ampliable a 12 meses más.

Las órdenes de internamiento temporal podrán ser dictadas por autoridades judiciales o administrativas.

En caso de expulsión, plantea una prohibición de reingreso en cualquier país de la Unión Europea durante un máximo de cinco años.

Prevé la posibilidad de repatriar a los menores no acompañados, siempre y cuando sus familias o un centro de acogida se ocupen de ellos a su llegada.

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OTRAS REACCIONES

Argentina: Migrar no es un delito, por lo tanto rechazamos el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal.

Uruguay: La decisión europea constituye una violación a los derechos humanos básicos.

Paraguay: La temática migratoria debe discutirse a nivel de jefes de Estado.

Brasil: Es una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la inmigración.

México y Uruguay: Es necesario reconocer las contribuciones positivas de los migrantes a la economía y la cultura de los países en los que residen.

Comunidad Andina: Es fundamental asegurar el goce y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

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