Nacionalización y estado de derecho

La forma en la que se ha nacionalizado la planta metalúrgica de Vinto es una prueba de que el estado de derecho se está "cayendo a pedazos", opina en el diario "La Razón" el conocido abogado constitucionalista Carlos Alarcón.

Este contenido fue publicado el 14 febrero 2007 - 10:37

El ex Viceministro de Justicia en el gobierno de Carlos Mesa considera que si Bolivia continúa con este tipo de prácticas corre el riesgo de convertirse en un Estado paria en la comunidad internacional.

El jurista recuerda las condiciones establecidas en la Constitución para que el Estado transfiera de manera coactiva cualquier tipo de propiedad:

Ley previa y para el caso particular que declare la necesidad o utilidad pública el traspaso de un bien de patrimonio de un particular al del Estado.

En el caso de Vinto, no se justificó la necesidad o utilidad pública para adoptar una medida de esta naturaleza, tampoco se sancionó con carácter previo al acto de apropiación por parte del Estado, la ley previa emanada del Congreso Nacional. Violación a los artículos 7 inciso i) y 22 parágrafos I y II de la Constitución.

Previa indemnización justa, concretada antes de la transferencia de la propiedad del patrimonio privado al Estado. En el caso de Vinto, el Decreto Supremo ni siquiera menciona la posibilidad de una indemnización.

Argumentos del Gobierno

Según el Gobierno, dice el constitucionalista, la nacionalización de Vinto se justifica porque el traspaso de esta propiedad estatal al patrimonio de un particular se la realizó a través de medios fraudulentos.

En este caso lo que no entiende el Gobierno –indica Carlos Alarcón-, es que otro de los principios esenciales del estado de derecho consiste en que el Estado no puede hacerse justicia por mano propia –igual que los particulares – y, por tanto, para hacer valer sus derechos y razones debe acudir a la justicia y someterse a la decisión de un juez competente.

En el ejemplo de Vinto la obligación del Gobierno era someter a la justicia la controversia con el adquiriente inicial por una adquisición considerada fraudulenta a través de un proceso en el que tengan intervención la primera y última adquiriente, de manera que ambas puedan hacer valer sus derechos y garantías que les corresponde.

En opinión del constitucionalista todo lo expuesto señala que la actuación del Gobierno de Bolivia no comulga con lo establecido en la Constitución.

En los próximos días, semanas o meses presentarán seguramente argumentos y réplicas para establecer los alcances de la nacionalización de la Empresa Metalúrgica de Vinto, decretada por el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales.

swissinfo, Félix Espinoza R., La Paz

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