Patronal de Nicaragua acusa a sandinistas de evitar elecciones libres
Managua, 5 may (EFE).- La principal patronal de Nicaragua acusó este miércoles al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a través de sus diputados en la Asamblea Nacional, de intentar evitar la celebración de elecciones libres en noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección.
“Rechazamos y denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las acciones que el partido de Gobierno está ejecutando a través de la Asamblea Nacional para evitar que los nicaragüenses podamos gozar de un proceso electoral libre, transparente, competitivo y observado”, declaró el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en una declaración.
La patronal rechazó las reformas electorales promovidas y aprobadas por los sandinistas, así como la elección de nuevos árbitros electorales, en su mayoría afines al oficialismo.
En la víspera, los legisladores sandinistas y sus aliados, que son mayoría absoluta en el Parlamento, aprobaron unas reformas a la Ley Electoral que anulan la observación electoral para dar paso a la figura limitada del “acompañamiento”, inhibe a candidatos que aplaudan las sanciones internacionales contra el presidente Ortega y sus allegados, limita la financiación electoral y restringe derechos constitucionales.
Adicionalmente, reeligieron a dos magistrados del Consejo Supremo Electoral y eligieron a otros ocho, en su mayoría sandinistas, lo que garantizó que el cuerpo arbitral de los comicios continúe integrado por miembros del FSLN o personajes descritos como aliados, de acuerdo a los opositores.
De dichas acciones “se puede inferir la voluntad política del Gobierno de mantener un control partidario total de los organismos electorales y de limitar, por medio de inhibiciones inconstitucionales, la participación de los partidos y candidatos de la oposición, para garantizarse todas las condiciones y ventajas que les permitan ilegítimamente continuar en el poder en detrimento de la voluntad popular”, sostuvo el Cosep.
Las acciones del Gobierno de Ortega y las reacciones del conglomerado empresarial se dan en el marco de una crisis social, política y de derechos humanos que comenzó en abril de 2018, cuando protestas multitudinarias contra el presidente nicaragüense fueron reducidas por ataques armados de policías y civiles afines al sandinismo que dejaron cientos de muertos, presos y desaparecidos.
Los empresarios señalaron que la continuidad del Gobierno sandinista bajo un proceso electoral ilegítimo impedirá “encontrar soluciones a la crisis política, social, económica y sanitaria que enfrentamos; desaprovechando de esta forma la oportunidad histórica de contribuir a la solución, cívica, pacífica y democrática que demandamos todos los nicaragüenses”.
Las elecciones del 7 de noviembre próximo determinarán si Ortega extiende o ve el fin de un dominio que ha mantenido de forma casi absoluta en los últimos 42 años sobre la política nicaragüense, que incluye dos períodos de gobierno. EFE
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