Partido de expresidente de Ecuador Lasso apoya a Keiko Fujimori ante posible ilegalización

Quito, 21 sep (EFE).- El movimiento político Creando Oportunidades (CREO), del conservador expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso (2021-2023), se solidarizó este domingo con el partido fujimorista Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), frente a la demanda presentada por la Fiscalía de Perú para ilegalizar esta formación política por «comportamientos antidemocráticos».

A través de un comunicado, CREO consideró que la demanda presentada por la ahora suspendida fiscal de la Nación (fiscal general) de Perú Delia Espinoza es parte de «los intentos de limitar la participación política» en Perú de Keiko Fujimori, que evalúa presentarse por cuarta vez a la Presidencia tras haber perdido las tres elecciones anteriores en la segunda vuelta.

«En todos los países de la región se debe respetar la democracia, la libertad y la participación ciudadana», señaló el partido de Lasso en su comunicado, donde añadió que «en democracia, las diferencias se resuelven con votos, no con exclusiones».

«Las exclusiones solo pueden aplicarse con pruebas claras y argumentos sólidos; cualquier intento de restricción antes de elecciones pone en riesgo la legitimidad del proceso», agregó CREO.

La demanda de ilegalización de Fuerza Popular fue presentada por Delia Espinoza a la Corte Suprema de Justicia de Perú a partir de una denuncia ciudadana, un día antes de que la Junta Nacional de Justicia, la máxima instancia administrativa de la Judicatura peruana, la suspendiese por seis meses.

La suspensión a la fiscal general fue impuesta por no haber acatado un dictamen de la JNJ que ordenaba reponer como fiscal general a su predecesora en el cargo, Patricia Benavides, a la que le levantó una suspensión por veinticuatro meses por las investigaciones que enfrenta de corrupción y tráfico de influencias.

Espinoza solicitó la ilegalización de Fuerza Popular en base a los mismos principios que llevaron a ilegalizar al partido del ultranacionalista Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien quedó fuera de la carrera presidencial en la que buscaba participar tras haber pasado 19 años en prisión por el ‘Andahuaylazo’, una asonada militar que lideró en 2005, en la que murieron cuatro policías.

La ahora suspendida fiscal general acusó a Fuerza Popular de una «vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales», así como de promover «atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes y la sociedad civil organizada».

El documento sostuvo que existe una persecución hacia «estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión».

También señaló que Fuerza Popular promueve la «exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política/libertad de conciencia».

Además, lo acusó de exculpar «atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno» (1980-2000), que enfrentó al Estado contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); y legitimar «la violencia como método para la consecución de objetivos políticos».

Espinoza aseguró «todas estas acciones antidemocráticas» están «previstas taxativamente» en la Ley de Organizaciones Políticas de Perú. EFE

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