Países Bajos ultima un acuerdo con Uganda para abrir centros de deportación

La Haya, 23 sep (EFE).- El Gobierno neerlandés en funciones ultima un acuerdo con Uganda para abrir centros de deportación en el país africano destinados a recibir solicitantes de asilo rechazados por Países Bajos, un plan que ya ha generado incomodidad política en la oposición y dudas jurídicas sobre el respeto a los derechos humanos.

El ministro interino de Asilo y Migración, el liberal de derechas David van Weel, es “optimista” sobre la posibilidad de cerrar esta misma semana en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, un entendimiento con su homólogo ugandés para poner en marcha lo que el Ejecutivo denomina “centros de retorno”, confirmaron este lunes fuentes oficiales a la emisora neerlandesa RTL Nieuws.

El propio Ministerio reconoció que las conversaciones están “muy avanzadas”, aunque evitó precisar si el acuerdo se cerrará de inmediato.

El pasado octubre y durante una visita a Uganda, la entonces ministra de Comercio Exterior, la ultraderechista Reinette Klever, ya anunció de forma sorpresiva que se plantea enviar al país africanos a los solicitantes de asilo que han agotado las vías legales en Países Bajos, una idea que hizo pública sin informar al primer ministro Dick Schoof ni a las autoridades ugandesas.

El episodio dejó entonces en evidencia las tensiones internas de un gabinete que ahora gobierna en funciones y en minoría, tras haber caído dos veces en menos de un año, primero en junio tras la retirada de la derecha radical (PVV), y luego en agosto, tras abandonarlo un segundo socio, el partido de derechas NSC.

En la práctica, suele ser difícil devolver a los solicitantes rechazados a su país de origen porque muchos no colaboran y varios Estados de origen se niegan a recibirlos, por lo que un centro en Uganda serviría como primera escala para facilitar después retornos a países africanos de la región.

El proyecto, sin embargo, enfrenta obstáculos legales, sobre todo porque Países Bajos está sujeto a tratados internacionales que exigen garantías sobre los derechos humanos, límites en el tiempo de estancia en esos potenciales centros y estándares de calidad en la acogida, de lo contrario la justicia neerlandesa podría bloquear esta vía rápidamente.

Además, Uganda espera que Países Bajos aporte financiación para cubrir los costes, aunque aún no se han hecho públicas ni las cantidades ni el número de personas que el país africano estaría dispuesto a recibir.

En plena campaña para las elecciones generales del 29 de octubre en Países Bajos, la presión política aumenta, puesto que la recogida de solicitantes de asilo es un tema clave a nivel nacional. El VVD, partido liberal de Van Weel, quiere mostrar avances en materia migratoria, uno de los temas centrales de la campaña.

Pero, incluso si se firma en Nueva York una declaración de intenciones, el traslado efectivo a Uganda de los primeros solicitantes de asilo rechazados no ocurrirá antes de los comicios, según las fuentes de RTL Nieuws.

Según datos del propio Ministerio neerlandés de Exteriores, Uganda acoge a más de 1,5 millones de refugiados y las condiciones en los campamentos ugandeses de solicitantes de asilo son “malas” y “no siempre hay suficiente comida y agua” para las personas que se refugian ahí.

Además, advierte de que las personas LGTBIQ+ que quieran viajar a Uganda “podrían enfrentarse allí a castigos severos, e incluso la pena de muerte”. EFE

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