La aceitera Ocho Sur niega apropiación indebida de terrenos indígenas de Perú
Lima, 19 mar (EFE).- Ocho Sur, una de las grandes productoras de palma aceitera en Perú, cuestionada por tener plantaciones sobre 7.000 hectáreas de selva, negó haberse apropiado ilegítimamente del territorio ancestral de la comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya pese a las acusaciones en su contra.
En una carta remitida a Efe en respuesta a una información que reportaba las acusaciones de la comunidad contra la empresa, el gerente general de Ocho Sur, Michael Spoor, rechazó “rotundamente” que a la compañía se le vincule con actividades ilegales y con abuso de poder sobre personas y otras propiedades.
Con Santa Clara de Uchunya, comunidad de etnia shipibo-konibo ubicada en la región de Ucayali, Ocho Sur afirmó no tener conflictos y dijoo que, “por el contrario”, hay “buenas relaciones de convivencia pacífica que se demuestran en los acuerdos para acciones de cooperación y cartas de agradecimiento”.
En ese sentido, la empresa se deslindó de la demanda presentada por la comunidad indígena ante el Tribunal Constitucional para que se les reconozca un área de 86.000 hectáreas que considera su territorio ancestral donde actualmente están tanto los cultivos de Ocho Sur como otras áreas de concesiones forestales, caseríos y propiedades de terceros.
La demanda exige anular los títulos expedidos por el Gobierno regional de Ucayali desde 1996 sin el aparente consentimiento de los indígenas a pequeños agricultores llegados a la zona, los mismos que luego adquirió Plantaciones de Pucallpa, el nombre de la sociedad que deforestó el área antes de que fuera asumida por Ocho Sur.
Sobre los vendedores de los terrenos, Ocho Sur negó que se tratasen de traficantes de tierras y aseguró no tener relación con personas que se dediquen a esta ilícita actividad.
A LA ESPERA DE SENTENCIA
Todavía está pendiente desde 2016 el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre este caso después de que la Justicia peruana desestimara la demanda en dos instancias inferiores.
En ese sentido, y con motivo del Día Internacional de los Bosques, la organización Oxfam presentó este viernes al Tribunal Constitucional un documento con 13.000 firmas recogidas a nivel internacional para que los magistrados reconozcan los derechos pedidos por los indígenas.
De momento la comunidad solo tiene reconocidas, tituladas y registradas legalmente por las autoridades regionales de Ucayali un área de 1.700 hectáreas, el 2 % del área que considera como su territorio ancestral.
Ese espacio de 17 kilómetros cuadrados no se superpone con la plantación de Ocho Sur, circunstancia a la que se acoge la empresa para afirmar que el reclamo de la comunidad es por un asunto que queda fuera de su responsabilidad.
La palmicultora alega además que Santa Clara de Uchunya no ha presentado ninguna queja respecto a esa porción de territorio titulado a su nombre por las mismas autoridades que otorgaron las otras propiedades consideras ilegítimas.
En este contexto, la empresa apuntó, sin mayor aclaración, que las denuncias en su contra pueden deberse a “acciones de terceros” a nombre de la comunidad, que “posiblemente no cuenten” con su respaldo.
MILLONARIA MULTA “INCORRECTA”
Desde el año pasado, Ocho Sur ha sido multada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente con casi 9 millones de soles (unos 2,42 millones de dólares) y la paralización de sus actividades en la plantación por no contar con un protocolo de manejo ambiental de las plantaciones.
Para la compañía, esta resolución se basó en una premisa incorrecta, ya que no le tocaba tramitar un estudio de impacto ambiental (EIA) sino un Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), el mismo que está gestionando nuevamente ante el Ministerio de Agricultura tras haberle sido denegado el año pasado.
Ocho Sur advirtió que existen precedentes de empresas a las que el OEFA archivó sanciones por estar tramitando su PAMA y esperan que el trato sea similar con ellos.
GOBIERNO PIDE REFORESTAR EL 30 %
El Ministerio de Agricultura concedió recientemente a Ocho Sur la posibilidad de solicitar la aprobación de un nuevo PAMA después de que el primero fuera rechazado de manera definitiva por determinar que las plantaciones están en un área talada masiva e indiscriminadamente sin pedir permiso antes al Estado.
Para este nuevo documento, el principal requisito exigido es la reforestación de al menos el 30 % del área agrícola.
Asimismo, sobre una investigación del portal Convoca que afirmaba que Ocho Sur y Plantaciones de Pucallpa están vinculadas por un mismo fondo de inversión registrado en Estados Unidos y un entramado de empresas en paraísos fiscales, la palmicultora aseguró que se trata de “una denuncia sin sustento”.
“Los fondos de inversión que actualmente controlan Ocho Sur eran los acreedores de Plantaciones de Pucallpa (PDP) y Plantaciones de Ucayali (PDU). Estos nunca fueron accionistas materiales de PDP ni de PDU”, concluyó la empresa. EFE
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