Berna prevé regular el sector privado de la seguridad
En el futuro, las sociedades de seguridad privadas basadas en Suiza tendrán que rendir cuentas al Estado sobre sus actividades en el extranjero. La ley que propone el Gobierno contempla obligaciones, prohibiciones, controles y sanciones, y podría hacer escuela.
Con esta nueva reglamentación, Suiza “aporta su granito de arena a un trabajo pionero a escala internacional”, enfatizó la ministra de Justicia y Policía Simonetta Sommaruga, al presentar el proyecto de la Ley federal sobre Prestación de Servicios de Seguridad Privados en el extranjero (LPSP).
Marco Sassoli, profesor y director del Departamento de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales de la Universidad de Ginebra, considera que se trata de un proyecto de ley “no perfecto, pero bastante ejemplar”. Y aún más, si tenemos en cuenta que la reglamentación de las sociedades militares y de seguridad privadas “constituyen hoy una de las grandes preocupaciones del derecho humanitario internacional”, subraya el experto.
En los últimos veinte años, se han multiplicado las actividades de esas sociedades en zonas de crisis o conflictos y se ha ampliado la gama de sus servicios, sin que exista una regulación jurídica. Paradójicamente, Suiza -que ha promulgado iniciativas internacionales para reglamentar estas actividades- carece de una legislación en la materia. Un vacío que deberá colmar la nueva ley que propone el Gobierno para preservar la seguridad interna y externa del país, realizar sus objetivos de política exterior, salvaguardar la neutralidad y garantizar el respeto del derecho internacional.
El proyecto de ley prevé también una serie de reglas específicas para las empresas privadas que prestan servicios de seguridad por encargo de las autoridades federales.
En respuesta a una interpelación parlamentaria, el Gobierno declaró en febrero de 2012 que el Estado confiere cada año cerca de 120 misiones a empresas privadas de seguridad. El coste ronda los 25 millones de francos anuales.
Prohibiciones
El texto prohíbe a las sociedades de seguridad con sede en Suiza la participación directa en hostilidades en el extranjero en el ámbito de un conflicto armado, así como cualquier servicio que pueda conducir a graves violaciones de los derechos humanos. La interdicción incluye el reclutamiento, la formación, la puesta a disposición de personal, directamente o como intermediario, así como el control de sociedades que desarrollan tales actividades.
El ex diputado y vicepresidente de los Verdes, Josef Lang, considera que estas disposiciones son insuficientes. El político pide que se prohíban rotundamente las sociedades de seguridad privadas en las zonas de guerra. Es la posición que defiende su partido.
“En las guerras actuales, por ejemplo en Afganistán, es imposible distinguir entre participación directa e indirecta”, afirma Lang. Además, “tampoco es posible comprobar qué hacen exactamente estas sociedades en los campos de batalla”.
Objeciones similares provienen de las filas de la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora). “Cuando las autoridades suizas llegan a la conclusión de que una sociedad no participa directamente en las hostilidades, se trata solo de una situación momentánea, que puede cambiar radicalmente en cuestión de horas”, afirma la UDC en un comunicado.
Según el profesor Sassoli, es excesivo ir más allá del concepto de participación directa que contemplan los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, a los que el proyecto de ley se refiere explícitamente.
La Asociación de Empresas Suizas de Servicios de Seguridad no está al 100% satisfecha, señala Matthias Fluri, del servicio jurídico de la organización. La asociación no dará a conocer oficialmente su posición hasta analizar detenidamente la propuesta y discutirla con su consejo directivo.
Los Partidos Liberal Radical, Demócrata Cristiano y Burgués Democrático – o sea, el centro del espectro político suizo- respaldan las propuestas gubernamentales. La izquierda rojiverde y la derecha conservadora (UDC) opinan que son insuficientes en algunos puntos.
Declaración preventiva
Sin embargo, el experto en Derecho Humanitario Internacional critica que el Gobierno haya decidido no someter a autorización los servicios de seguridad en el extranjero. Según el proyecto de ley, la sociedad interesada en efectuar actividades sometidas a la LPSP está obligada a informar previamente a la autoridad federal competente, así como a aportar una serie de informaciones determinadas. La autoridad tendrá que notificar en el plazo de quince días a la empresa si debe o no someterse a un procedimiento de evaluación.
El Gobierno renunció a la autorización, por una parte, para evitar trámites burocráticos y cargas financieras, y por otra, para prevenir que se interprete dicha autorización como una garantía de Suiza.
“Para determinar si una empresa prevé una participación directa en las hostilidades, se requiere un análisis serio. Me pregunto por qué es menos costoso llevar a cabo este análisis en el marco de la declaración preventiva que un procedimiento de autorización”, objeta el profesor.
El argumento del Gobierno tampoco convence al Partido Socialista que exige “la institución de un sistema de autorización eficaz en lugar del frágil sistema de declaración”.
En su mensaje al Parlamento, el Gobierno suizo destaca que los servicios que prestan las empresas privadas en los ámbitos militar y de seguridad representan cientos de miles de empleos potenciales a escala internacional; y que el mercado mundial de la seguridad privada en las zonas de guerra se estima en 100.000 millones de dólares.
Por su parte, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores calcula que este sector factura 400.000 millones de dólares y emplea a un millón de personas. Un mercado lucrativo en el que trabajan cerca de 6.500 sociedades.
No existen estadísticas sobre las empresas militares y de seguridad privadas en Suiza. No obstante, en un informe de 2010, la Oficina Federal de Justicia indica que había entonces una veintena de sociedades de seguridad privadas domiciliadas en Suiza y susceptibles de operar en zonas de crisis o conflicto.
Código de conducta
Por el contrario, Sassoli juzga positivo que el proyecto de ley contemple la adhesión obligatoria al Código de Conducta Internacional (CCI) para las empresas de seguridad privadas en lo que respeta a la prestación de servicios en el extranjero. Las sociedades que se adhieren a él se comprometen a respetar los derechos humanos y el derecho humanitario en su trabajo.
Fruto de una iniciativa que lanzaron conjuntamente Suiza y las sociedades de seguridad privadas, el CCI no ha obtenido la aprobación de Francia. París lo considera una escapatoria para las grandes empresas privadas de seguridad que pueden así dictar sus reglas y “evitar un convenio internacional clásico sobre el sector, de carácter vinculante”, según consta en un informe de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional gala de 2012.
“Ciertamente, este código no es revolucionario, sino tácito en cuestiones importantes, como la participación directa en las hostilidades. Pero también debemos reconocer que son contadas las veces que los Estados aceptaron nuevos tratados en los últimos años. Así que no queda más remedio que encontrar nuevas vías para reglamentar”, sostiene Sassoli.
(Traducción: Belén Couceiro)
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