La inmunidad parlamentaria en tela de juicio
Dos comisiones parlamentarias están llamadas a decidir sobre la inmunidad de Christoph Blocher. El diputado y ex ministro de Justicia está acusado de violar el secreto bancario. Un caso sin precedentes que podría tener grandes implicaciones jurídicas y políticas.
La inmunidad política ha sido una herramienta esencial para el buen funcionamiento de las democracias. Gracias a ella, en primer lugar, los miembros del Gobierno y el Parlamento pueden expresarse libremente sin temor a ser enjuiciados por cualquier declaración o controversia. La inmunidad permite atenuar los intentos externos de presión e intimidación que confrontan los representantes políticos.
Dado que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, los políticos no pueden abusar de ese derecho, mucho menos en el ejercicio de sus funciones públicas. Por otra parte, en los últimos 20 años, también en Suiza, la lucha política se ha endurecido. El Parlamento ha tenido que pronunciarse con mayor frecuencia sobre solicitudes de supresión de la inmunidad a parlamentarios acusados de delitos contra el honor o de pronunciamientos racistas.
Para frenar esa tendencia, el Parlamento decidió el año pasado limitar el derecho a la inmunidad: desde el 5 de diciembre, este privilegio se concede solamente para los actos que tienen una relación directa con la función y la actividad oficial de los representantes políticos. Para descargar al Legislativo del tratamiento de las solicitudes sobre el levantamiento de inmunidad, las decisiones al respecto fueron asignadas a dos comisiones.
Datos robados
El caso de Christoph Blocher reviste una particular importancia: es la primera vez que una solicitud de revocación de inmunidad es evaluada bajo las nueva regulación, más restrictiva. Ambas comisiones deben establecer criterios de interpretación que servirán como base para el tratamiento de futuras solicitudes. Pero si el caso ha despertado un enorme interés, es también por varias otras razones.
En primer lugar, todos los cargos presentados contra el miembro de la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora) están vinculados con el asunto que condujo a la renuncia del presidente del Banco Nacional Suizo (BNS), Philipp Hildebrand. Acusado de efectuar transacciones financieras privadas aprovechando información privilegiada sobre el curso del franco, Hildebrand fue forzado a dimitir de su cargo el pasado 9 de enero. El ahora ex gobernador del banco central trató de explicar que las operaciones cuestionadas habían sido efectuadas por su esposa, pero su credibilidad quedó comprometida.
El asunto fue revelado por la prensa, en particular, por el semanario Weltwoche, cercano a la UDC, que publicó a principios de enero datos bancarios de Hildebrand, extraídos en forma ilegal del banco Sarasin. El robo de los datos fue realizado por un informático del banco quien los transmitió después a dos parlamentarios cantonales de la UDC y a Christoph Blocher. El fiscal del cantón de Zúrich abrió un proceso penal contra los cuatro por violación de la ley sobre los bancos.
Defensor del secreto bancario
Para esclarecer los hechos, el fiscal ordenó también el registro de los domicilios y oficinas de Blocher y los otros sospechosos. Según informes de prensa, el ex ministro de Justicia habría impulsado al informático a robar los datos y habría transmitido la información al Weltwoche. Acusaciones cuanto más sensacionales, si se tiene en cuenta que el estratega de la UDC había defendido a ultranza el principio del secreto bancario.
Blocher ha rechazado las acusaciones, alegando que actuó solo como “mensajero”. El 5 de diciembre, efectivamente, envió la información recibida sobre las transacciones monetarias de Hildebrand a la entonces presidenta de la Confederación, Micheline Calmy-Rey. Una versión que no convenció al fiscal de Zúrich, que a finales de marzo pidió la revocación de la inmunidad del ex ministro de Justicia.
El caso no solo es extremadamente singular, sino también bastante complejo. “En primer lugar, la comisión tiene que determinar si las acciones imputadas a Blocher están directamente relacionadas con el desempeño de su mandato parlamentario. Si la respuesta es negativa, el caso volverá a la fiscalía de Zúrich que podrá entonces proceder en su contra. Si la respuesta es positiva, la comisión deberá evaluar si acepta o no la solicitud de revocación de inmunidad”, explica Peter Cosandey, especialista en Derecho Penal.
Para complicar aún más el caso, no está claro si los hechos denunciados se produjeron antes o después de la entrada en funciones de Blocher en el Parlamento. Tampoco está claro si el inicio de su mandato coincide con la fecha de su elección en el Parlamento, el 23 de octubre de 2011, o con la fecha en la que prestó juramento, el 5 de diciembre.
Interés político
En diversos puntos relativos a este caso no hay ninguna y los propios expertos se interrogan. “La decisión final no está en manos de los juristas, sino de los políticos, es decir, de los miembros de ambas comisiones. Y, en el pasado, los parlamentarios han negado casi siempre la revocación de la inmunidad. Tal vez – se puede especular-, porque pensaron que algún día podrían encontrarse en la misma situación”, señala Cosandey.
Hay que decir que, con su estilo autoritario y sus posiciones extremistas, Blocher no ha hecho muchos amigos en los otros partidos. Figura prominente de la política suiza de los últimos 20 años y principal artífice de los históricos éxitos electorales de la UDC, el tribuno zuriqués fue excluido del Gobierno en 2007. La cuestión del retiro de su inmunidad tendría un gran significado político. Más aún, porque Blocher había atacado, en diversas ocasiones, el año pasado, la política monetaria seguida por Hildebrand.
De acuerdo con la UDC, el Parlamento debe dejar claro por qué los órganos de supervisión permitieron las transacciones de Hildebrand y por qué el Gobierno intentó en un principio cubrir al entonces presidente del BNS. El Legislativo rechazó en marzo una propuesta de la UDC para establecer una comisión parlamentaria para investigar el caso Hildebrand.
En todo caso, se estima que la decisión en torno al retiro de la inmunidad Blocher se producirá hacia finales del verano.
En Suiza, los miembros del Parlamento y del Gobierno gozan de una inmunidad absoluta en el ámbito y el cumplimiento de sus funciones oficiales. En ese contexto, ninguna sanción civil, penal o disciplinaria puede ser pronunciada en su contra.
Parlamentarios y ministros gozan también de inmunidad relativa en cuanto a las declaraciones y los actos realizados fuera de las actividades oficiales. A partir del pasado 5 de diciembre, sin embargo, esta inmunidad está garantizada solamente para las declaraciones y los actos que tienen una relación directa con su función.
En los últimos 30 años, el Parlamento resolvió un total de 38 solicitudes de revocación de la inmunidad política de ministros y parlamentarios. Solamente una vez, en el caso de la entonces ministra de Justicia Elisabeth Kopp, la inmunidad fue revocada.
En los casos de tres diputados, las cámaras concluyeron que los hechos denunciados no tenían ninguna relación con el trabajo parlamentario y dieron luz verde al procedimiento penal.
El diputado de Zúrich comparecerá el 25 de abril ante la Comisión de la inmunidad de la cámara baja, que se reunió por primera vez el pasado 28 de marzo para revisar su caso.
En los últimos 20 años, Blocher ha llevado a la Unión Democrática del Centro (UDC) a 5 éxitos electorales consecutivos. La UDC también se convirtió en el primer partido político nacional, cuando ocupaba solamente la cuarta posición en 1995.
Blocher fue miembro de la cámara baja de 1979 a 2003, cuando fue elegido ministro. En 2007, la mayoría del Parlamento rechazó confirmarlo en el cargo.
En 2011, el actual vicepresidente de la UDC fue elegido de nuevo en la cámara baja.
(Traducción: Marcela Águila Rubín)
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