Refuerzan la seguridad en las entradas a Quito ante marcha contra el Gobierno de Ecuador

Quito, 11 oct (EFE).- Policías y militares reforzaron este sábado la seguridad en las principales vías de ingreso a la capital de Ecuador, Quito, en la víspera de una marcha de sectores opositores al Gobierno de Daniel Noboa.

Militares, desplazados desde otras ciudades se ubicaron en puntos estratégicos de Quito, especialmente en los accesos norte y sur, por donde se prevé que avancen el domingo dos marchas en rechazo a la administración de Daniel Noboa y al alza del precio del diésel.

Los manifestantes prevén que las dos marchas se encuentren en el parque El Arbolito, una de las zonas de entrada en el centro histórico y cercana a la Asamblea Nacional.

Además de los ingresos a Quito, los militares custodian edificios públicos como la Asamblea Nacional, mientras en el centro histórico, donde se encuentra la sede del Ejecutivo, este sábado se vieron vallas de seguridad y decenas de militares en el lugar, donde miles de turistas disfrutaban del tercer día de festivo nacional en conmemoración de la independencia de Guayaquil.

Las protestas, convocadas en todo el país por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), pero que se han focalizado en unas seis de las 24 provincias del país con esporádicos cortes de vías, tienen su epicentro en la de Imbabura, que está aislada por los manifestantes.

Crisis en Imbabura

En varias zonas de Imbabura los manifestantes impiden la apertura de comercios y este fin de semana se agudizó el problema de abastecimiento de bombonas de gas de uso doméstico.

La televisión Ecuavisa reportó que en la ciudad de Otavalo, la entrega de bombonas de ese producto, «se ha convertido en una herramienta de presión» pues dirigentes del cabildo Kichwa «restringen la venta a quienes no participan de las protestas».

Bajo la condición del anonimato por temor a represalias, líderes barriales dijeron a Ecuavisa, que dirigentes del cabildo emiten salvoconductos para que pasen los camiones para cargar los cilindros, y cuando regresan lo distribuyen primero a las comunidades y «lo que sobra hacen llegar el casco urbano».

Solo el pasado viernes, desde la planta envasadora de Ibarra se despacharon 2.100 bombonas para Otavalo, pero cuando los camiones ingresan en la ciudad, «son intervenidos por comuneros», anotó la televisión, que presentó imágenes de una decena de camiones con gas ingresando en una comunidad indígena, mientras en barrios urbanos, los habitantes hace filas de hasta cinco horas para conseguir una bombona.

«Cuando llegan, solo se vende a quienes apoyan el paro y constan en un listado», dijo antes de presentar el testimonio de Mesías Flores, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, señalando que no se dará atención a quienes los han insultando.

Por otra parte, quienes desean trasladarse de Imbabura a Quito, deben buscar vías alternas y realizar varios transbordos, como Jhonny, un empresario de Ibarra (capital provincial), quien comentó a EFE que debió tomar tres autobuses y desviarse por otras provincias hasta llegar a Quito luego de 16 horas de viaje, cuando en condiciones normales, el trayecto se cumple en unas tres horas.

Pérdidas millonarias

El detonante de las protestas fue la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa el 12 de septiembre, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

Sin embargo, ahora la Conaie exige también la bajada en tres puntos del impuesto al valor agregado, hasta el 12 %, mejoras en salud y educación, y ha incluido en la protesta su rechazo a la consulta popular del próximo 16 de noviembre, en la que -por iniciativa de Noboa- se preguntará sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Hasta el momento hay un indígena fallecido en las protestas, más de un centenar de heridos entre manifestantes y fuerza pública, y más de cien detenidos, entre ellos doce imputados por terrorismo tras haber atacado una estación de policía y quemado diez vehículos.

Los indígenas han denunciado represión durante el paro focalizado que -según el analista César Barthelotti- le ha costado al país hasta el momento 140 millones de dólares, por pérdidas en turismo, floricultura y comercio, a lo que se suman daños a bienes públicos. EFE

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