Amnistía denuncia la impunidad de la tortura policial en España
MADRID (Reuters) – La falta de un organismo independiente que investigue en España las denuncias de malos tratos y torturas contribuye un clima de impunidad casi absoluta de los distintos cuerpos policiales del país, y en el Gobierno no existe voluntad política para poner fin a esta situación, según un informe de Amnistía Internacional presentado el martes.
El informe, titulado “España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después”, hace un repaso de un documento presentado en 2007 sobre 11 casos concretos en los que se denunciaron malos tratos y recoge las novedades que se han producido en este ámbito.
Amnistía concluye que aunque ha habido “tímidos pasos” en la prevención de la tortura, sigue habiendo “deficiencias estructurales alarmantes y no reconocidas en la investigación” y falta de voluntad política para llegar hasta el final de las denuncias de malos tratos policiales.
“La investigación y la sanción de la tortura y los malos tratos sigue siendo un agujero negro por el cual se cuela la impunidad casi absoluta”, dijo el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, en la rueda de prensa de presentación del informe.
Beltrán señaló que aunque el Gobierno no reconoce siquiera la existencia del problema, todas las organizaciones internacionales que han investigado la situación han concluido que pese a que la tortura no es una práctica sistemática, el número de denuncias indica que van más allá de casos aislados.
En el Ministerio del Interior no había nadie disponible para ofrecer una reacción.
CASOS SOBRESEÍDOS
“A las víctimas de tortura y malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley en España aún les queda mucho camino por recorrer para obtener justicia”, afirmó Beltrán, subrayando el “altísimo” porcentaje de casos sobreseídos.
De las 11 investigaciones que documentó Amnistía Internacional en su primer informe de 2007, sólo dos han concluido con una resolución condenatoria, según el documento presentado el martes. En cuanto a los otros nueve casos, seis fueron sobreseídos sin que llegase a celebrarse un juicio y dos continúan en fase de investigación.
Uno de los casos recogidos en el informe es el de Rodrigo Lanza, que relató en la rueda de prensa cómo en febrero de 2006 sufrió malos tratos por parte de miembros de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Mossos, en cuyas dependencias recibió golpes, amenazas e insultos racistas.
Sus denuncias fueron investigadas por la misma juez que le condenó por la agresión a un agente de la policía local, y sus recursos posteriores fueron desestimados, dándose por terminadas las investigaciones en 2008, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona estimó que los agentes habían hecho uso de la mínima fuerza necesaria y habían obrado de manera legítima.
Entre los avances constatados en España en la prevención de la tortura, el informe cita la creciente utilización de cámaras de circuito cerrado de televisión en las comisarías y de placas de identificación personal visibles en los uniformes de los agentes, aunque también subraya que los pasos se han dado en la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, y no en fuerzas policiales nacionales.
La principal reclamación de la organización de derechos humanos a los responsables de Interior tanto en el ámbito nacional como autonómico, es la creación de una comisión de investigación al estilo de las ya existentes en Reino Unido y Holanda que estudie las denuncias presentadas contra agentes encargados de cumplir la ley y que tenga competencia para actuar por iniciativa propia.
Según Beltrán “cualquiera” puede ser víctima de malos tratos, aunque subrayó que los inmigrantes, y especialmente aquellos que están en situación irregular, son normalmente los más vulnerables.
