Tiroteo en EEUU: Lagunas en expedientes de militares condenados
La Fuerza aérea de Estados Unidos admitió este martes haber hallado varias decenas de omisiones en expedientes de los condenados militares, al dar detalles de una evaluación hecha tras el mortal tiroteo a manos de un exuniformado que pudo adquirir armas que le eran prohibidas.
Esas notificaciones son enviadas a las autoridades federales con el fin de impedir que criminales condenados puedan adquirir legalmente un arma.
Los investigadores de la rama aérea de las fuerzas armadas estadounidenses llevan adelante una revisión de 60.000 expedientes criminales de militares, desde 2002, para entender cómo excombatientes condenados en cortes marciales pudieron comprar armas de fuego y acometer tiroteos masivos.
La investigación se activó luego de que Devin Kelley, quien prestó servicio en una base aérea de Nuevo México desde 2010, abriera fuego dentro de una iglesia en Texas (sur) el 5 de noviembre, matando a 26 personas, incluyendo niños y una mujer embarazada. El exmilitar había sido expulsado de la fuerza aérea luego de que un tribunal militar lo condenara por violencia doméstica contra su esposa y el hijo de ella.
Las fuerzas armadas están obligadas a informar a las autoridades federales sobre las condenas en corte marcial y las expulsiones por conducta deshonrosa, pero la condena de Kelly no estaba en el registro de control de antecedentes judiciales para la compra de armas de fuego.
Según la portavoz de la fuerza aérea, Ann Stefanek, “varias decenas” de casos no fueron correctamente reportados y apenas empieza la evaluación de 60.000 expedientes. Muchas otras omisiones son susceptibles de ser identificadas, añadió.
“La evaluación también reveló que el error en el caso Kelley no era un incidente aislado y que se cometieron errores de declaración similares en otros ámbitos”, indicó en un comunicado.
Las leyes en Estados Unidos son muy permisivas para la adquisición de armas de fuego, pero su porte está generalmente prohibido a los criminales condenados.
Según una ley de 1993, los vendedores están obligados a verificar los antecedentes de los compradores en bases de datos nacionales, pero esa exigencia no abarca las ventas entre particulares y puede por tanto ser fácilmente burlada.
