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Inspección de la estructura de un edificio, una semana después del sismo de magnitud 7,1 que remeció Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2017

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Ya removidos los escombros que dejó en México el violento terremoto del 19 de septiembre, otras grietas se revelan: las de la negligencia de autoridades, bajo la sombra de la corrupción, y la sempiterna desconfianza de los mexicanos en sus gobernantes.

El sismo, que mató a 338 personas, ha puesto en el brasero casos como el del derrumbe de una escuela donde murieron 19 niños y 7 adultos, mientras las autoridades implicadas evaden responsabilidades sobre la seguridad de dicha construcción.

Unos 1.800 inmuebles de la capital sufrieron daños significativos o graves, mientras que medios locales reportan que Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, el segundo estado con más víctimas mortales, habría desviado ayuda destinada a los damnificados.

Con todo, expertos destacan que a diferencia del terremoto del 19 de septiembre de 1985, que devastó la capital y mató a más de 10.000 personas, esta vez el Estado mexicano sí se hizo presente, actuando codo a codo con miles de ciudadanos que apoyaron los rescates. Además, ahora los edificios públicos no sufrieron mayores daños.

Aunque aún no existe un conteo oficial, se reporta que unos siete edificios de departamentos nuevos, algunos entregados a sus propietarios este año, se derrumbaron o quedaron inhabitables, revelando flagrantes violaciones a las normas de construcción de la ciudad y la voracidad de empresas constructoras.

"Miles de familias se van a quedar en la calle porque alguien no supervisó adecuadamente o alguien se puso de acuerdo por ganancias privadas para no hacerlo", dijo a la AFP Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO.

Según la alcaldesa de Tlalpan, donde se ubica la escuela, ésta había sido declarada "estructuralmente segura" en 2014, con una certificación oficial por cinco años, pero aclaró que dicha aprobación la otorgó la alcaldía de la capital, que a su vez rechaza toda responsabilidad.

"No estamos salvándole la cara a nadie, lo que mostramos es lo que está", dijo a una radio local la alcaldesa Claudia Sheinbaum, quien se perfila como candidata a la alcaldía en 2018.

Francisco Fontana, historiador de 30 años y vecino de la escuela, dijo a la AFP que uno de los edificios había sido clausurado desde su inauguración y pese al impedimento municipal siguió recibiendo estudiantes.

"No sabemos si hubo soborno, pero nunca hubo un cambio en su estructura", afirmó Fontana.

- Corrupción oculta -

Para Mariana Campos, experta en gasto y rendición de cuentas de la organización México Evalúa, la corrupción al momento de construir es claramente un factor a considerar para explicar cómo edificios que lucían resistentes se desmoronaron.

Cita el caso de un edificio colapsado en el céntrico sector Roma, uno de los inmuebles que más víctimas registró en la capital mexicana.

"Tú no lo ves como un edificio que mañana se va a caer. Se veía bonito, mantenido. Y es que (la deficiencia) no es visual y eso facilita la corrupción", dijo Campos a la AFP.

Y viene otro reto: que en el proceso de reconstrucción, el uso de los recursos y los edificios que se construyan sean fiscalizados.

La labor implica "gigantescos retos de riesgos de corrupción que se pueden dar en el camino", agrega Kaiser.

El presidente Enrique Peña Nieto, quien presentó este miércoles el programa de reconstrucción, convocó al sector privado a establecer una mesa de coordinación para optimizar el destino de los recursos recaudados por la sociedad civil.

"No estamos pensado que el gobierno federal administre el recurso privado (...) pero sí el gobierno quiere orientar hacia dónde llevar esos recursos", dijo el mandatario en una reunión con representantes de gobiernos locales y la empresa privada.

- Estado sí, políticos no -

Unos 37.000 millones de pesos (2.030 millones de dólares) se destinarán a la reconstrucción en México, sumando cifras preliminares anunciadas por Peña Nieto que contemplan no solo los daños provocados por el sismo de la semana pasada sino también los de otro terremoto, el del 7 de septiembre, y que afectó a Chiapas y Oaxaca (sur).

Dada la enormidad de los recursos en juego, los expertos resaltan la necesidad de un aparato de fiscalización, así como una política transparente para la toma de decisiones y el destino de la ayuda.

Pero el desastre también ha traído lecciones positivas. La devastación del terremoto demostró que el Estado cuenta con instituciones sólidas, como las Fuerzas Armadas, la policía y Protección Civil.

Para Kaiser, aquellos que no distinguían bien la idea del Estado, recibieron una muestra "muy pedagógica" sobre la necesidad de conservarlas y protegerlas.

"Las instituciones no son desechables pero sí un político inútil, un político que no sirve para nada. Y a ese sí lo puedo echar a la basura", concluyó el experto.

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AFP