La CE quiere que la transformación digital no deje atrás a los mayores
Bruselas, 26 ene (EFE).- La Comisión Europea quiere que las personas mayores no queden atrás en la era de internet y así lo recogió en la declaración de derechos digitales que presentó este miércoles, un texto con carácter declarativo que resume algunos ya adquiridos y promueve otros en leyes que están por llegar.
“La tecnología debe servir y beneficiar a todos los europeos y empoderarlos para perseguir sus aspiraciones, con total seguridad y respeto de sus derechos fundamentales”, recoge el primer capítulo de la declaración.
Acto seguido, en el segundo, especifica que “la revolución digital” debe llevarse a cabo “sin dejar a nadie atrás” y menciona “en particular” a “las personas mayores, las personas con discapacidad o las personas marginadas, vulnerables o privadas de sus derechos”.
Y es que el objetivo de la Unión Europea es que “las personas estén en el centro de la transformación digital”.
CARÁCTER DECLARATIVO
“No estamos creando nuevos derechos o nuevos principios con esta declaración”, reconoció la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para la Era Digital, Margrethe Vestager, en la rueda de prensa en la que la CE presentó la declaración.
“Lo que hacemos es grabarlos en piedra para que se respeten, (…) sin importar dónde vivamos en Europa”, añadió, recordando que casi un 40 % de los ciudadanos desconoce que también existen derechos en el mundo digital, según un reciente Eurobarómetro.
La declaración “nos informará a cada uno de nosotros de nuestros derechos e inspirará las acciones de todos los actores implicados en la transformación digital”, señaló Vestager.
FUTURAS LEYES
Algunos de los derechos que promueve la declaración se concretarán en futuras directivas que se están negociando actualmente en Bruselas, como la ley de servicios digitales o la de la inteligencia artificial.
La primera, por ejemplo, obliga a la “transparencia” de las grandes tecnológicas en el funcionamiento de los algoritmos que determinan el contenido que los ciudadanos ven en internet, mientras que la normativa sobre inteligencia artificial impide que esta herramienta se emplee para la vigilancia masiva.
“Nos comprometemos a prever salvaguardias para garantizar que la inteligencia artificial y los sistemas digitales sean seguros y se utilicen con pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas”, apunta la declaración presentada hoy.
Otros derechos, como el de garantizar que cualquier ciudadano europeo “debe tener acceso” a la conexión a internet de alta velocidad “vivan donde vivan y sean cuales sean sus ingresos”, se impulsarán con los fondos europeos, entre cuyos objetivos está el de impulsar la digitalización, dijo Vestager.
En cambio, el texto recuerda derechos como el de la “privacidad” en internet que ya están recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos.
La declaración subraya también que “los niños tienen derecho a ser protegidos de todos los delitos cometidos o promovidos por las tecnologías digitales” y promueve también la educación digital en la escuela.
Asimismo, que todo ciudadano tiene derecho a la “desconexión” al término de la jornada laboral para “salvaguardar” el “equilibrio entre la vida laboral y personal en un entorno digital” y promueve la sostenibilidad de los productos tecnológicos.
REFERENTE
“Con esta declaración nuestro objetivo es estar en la vanguardia de este impulso global” sobre los derechos digitales, dijo la vicepresidenta de la Comisión, asegurando que existe una sintonía con Estados Unidos al respecto, con quien Bruselas busca un consenso en la regulación tecnológica.
“Hay un enfoque europeo basado en nuestros valores, en la tradición humanista”, incidió el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, que contrapuso la transición digital europea con la china “dominada por el Gobierno” de Pekín o el modelo ruso.
La Asociación de Consumidores Europeos (BEUC) celebró la declaración que presentó hoy Bruselas como un “punto de partida” que es “valioso” porque “puede ayudar a crear la sociedad digital más segura, más justa y más sostenible que necesitamos”, dijo en un comunicado.
El texto tendrán que aprobarlo ahora el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, la institución que representa a los países europeos. EFE
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