Veto a artículo de ley que pedía información equilibrada ingresa al Parlamento de Uruguay

Montevideo, 9 ago (EFE).- El veto por parte del Poder Ejecutivo al artículo 72 de la recién aprobada ley de medios, que obligaba a los medios a brindar información seria e imparcial, ingresó este viernes al Parlamento de Uruguay, donde deberá ser tratado por la Asamblea General.

Este subraya que la decisión tomada se debe a que el artículo en cuestión «establece una obligación incompatible con la libertad de expresión, sin perjuicio de vulnerar la libertad de industria, comercio o profesión».

«No solo obliga a los medios a cómo deben comunicar, sino qué tipos de contenidos deben comunicarse, alcanzando una diversidad de actividades y materias propias de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas», detalla el texto rubricado por el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

Añade que la norma hace una valoración de cómo debe ser la información, destacando a esta -entre otras cosas- como seria, completa, imparcial y equilibrada.

«Se estima que el contenido de dicho artículo no es ajustado, ni a la Constitución de la República, ni a las normas de Derecho Internacional en la materia», explica el veto.

Asimismo, recuerda que el artículo 29 de la Constitución Nacional establece: «Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren».

El veto deberá ser tratado por la Asamblea General, que podrá ajustarse a las observaciones o rechazarlas.

El Poder Ejecutivo vetó este jueves el artículo 72 de la ley que indica: «Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos».

Y añade: «Esta obligación comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral».

El mencionado artículo, propuesto por el partido integrante de la coalición de Gobierno Cabildo Abierto, fue criticado por legisladores opositores e incluso por algunos de otros socios de la coalición, así como también por la Sociedad Interamericana de Prensa y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. EFE

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