Internet: hace falta una base legal clara contra los contenidos ofensivos
Las empresas de acceso a la Red quieren limitar su responsabilidad penal en lo que atañe a las páginas con contenido racista o de pornografía dura. Los proveedores se niegan a tomar medidas preventivas o aplicar pruebas al azar.
Quienes ofrecen el ingreso a Internet (acces provider) no pueden responsabilizarse del contenido de las páginas, sostiene la organización denominada Union Telecom Inside, UTI.
La memoria del servidor (hosting provider) puede ser punible sólo si conociendo el contenido racista o pederasta de una página se niega a cerrar la entrada a ella, anota dicha agrupación formada por los grandes proveedores privados de servicios de telecomunicaciones.
No está de acuerdo, en cambio, en que las memorias de los servidores sean obligadas a tomar medidas preventivas o a realizar controles por sondeo. Apoyándose en un informe elaborado por tres conocidos penalistas, la UTI se distancia de los puntos de vista de la Policía Federal.
Separar la paja del trigo
«No queremos contenidos indecorosos en Internet, sino tener las manos limpias» afirmó este lunes ante la prensa, en Berna, René Burgener, vicepresidente de la UTI. «Estamos dispuestos a cooperar con las autoridades si contamos con normas jurídicas claras», añadió.
Según el catedrático penalista de la Universidad de Friburgo, Marcel Niggli -uno de los tres especialistas encargados del estudio sobre el tema – es necesario establecer con precisión varios puntos, entre ellos el grado de responsabilidad en el contenido y el lugar del delito. Los expertos en la materia admiten la carencia de normas bien definidas en este campo.
Aprovechando las circunstancias, los proveedores de acceso a Internet han adelantado su intención de presentar una iniciativa ante el Consejo de los Estados (Cámara alta). Lo harían durante la sesión invernal del Parlamento.
Posición estricta de la Policía Federal
La Policía Federal tiene las posiciones inequívocas en esta materia, enfatizó a su turno Jürg Bühler, miembro de la fuerza de seguridad de la Confederación. La institución considera que los proveedores de acceso a Internet deben cerrar las páginas con contenido ilegal, sin que ello implique obligarles directamente a retirarlas.
Las informaciones «concretas» deben emanar de una autoridad represiva. La memoria del servidor debe vigilar el cierre de acceso a las páginas dudosas. Si recibe informaciones de terceras fuentes debe realizar las investigaciones complementarias imprescindibles.
Además, está obligada a controlar, al menos por sondeo, las páginas que le parecen sospechosas. «Quienes siguen nuestras recomendaciones se sentirán protegidos ante los tribunales de justicia», precisó Jürg Bühler.
Aunque los proveedores de acceso a Internet y la Policía Federal no comparten la misma opinión, están de acuerdo en la necesidad de mantener el diálogo para encontrar una solución común. Con esa finalidad, sus representantes participan en un grupo de trabajo conjunto desde 1998.
swissinfo y agencias
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